Ensenada, B.C. – Como parte de los ajustes en la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, el fiscal regional de Ensenada, Gracielo Cebreros Millán, dejó su cargo el pasado lunes 24 de febrero de 2025. Su salida se enmarca en un proceso de reestructuración liderado por la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y mejorar la atención ciudadana en la procuración de justicia.
Aunque la FGE aún no ha emitido un comunicado oficial sobre su relevo, fuentes internas señalan que el actual fiscal regional de San Felipe, Miguel Ángel Pérez Rojas, es el principal candidato para asumir la titularidad en Ensenada. Pérez Rojas cuenta con 20 años de experiencia en procuración de justicia, una década como agente del Ministerio Público y una estrecha relación con el exfiscal general Iván Carpio Sánchez.
Un Ensenada en Crisis de Seguridad
La salida de Cebreros Millán ocurre en un contexto de alta incidencia delictiva en Ensenada, donde los homicidios dolosos, robos de vehículos y otros delitos de alto impacto han generado preocupación entre la ciudadanía y el sector empresarial. Durante su gestión, Cebreros Millán priorizó operativos para la recuperación de automóviles robados y programas de prevención del delito, sin embargo, las críticas a la eficacia de la fiscalía han persistido.
En medio de esta crisis, la fiscal Andrade Ramírez ha advertido que no se tolerarán actos de corrupción en la institución. Recientemente, se destituyó a una funcionaria que exigía 15 mil pesos para no judicializar un proceso, enviando un mensaje claro de que la reingeniería en la fiscalía también busca erradicar malas prácticas.
Expectativas con el Nuevo Fiscal
Si se confirma el nombramiento de Miguel Ángel Pérez Rojas, enfrentará el reto de recuperar la confianza ciudadana y mejorar la eficiencia operativa de la fiscalía en Ensenada. Su experiencia en la procuración de justicia y conocimiento del estado pueden ser clave para atender las demandas urgentes de seguridad y combate a la impunidad.
Asimismo, la FGE continuará con evaluaciones internas para definir más cambios en su estructura, con el fin de garantizar una procuración de justicia eficaz y libre de corrupción en Baja California. La presión social y gubernamental sobre la fiscalía no cesa, y los nuevos funcionarios tendrán que demostrar resultados concretos para responder a la exigencia de la comunidad.