Organizaciones ambientales buscan que México y Estados Unidos incorporen compromisos exigibles para atender la contaminación de la cuenca, mientras Canacintra Tijuana plantea revisar los procesos de uso y descarga de agua de las empresas.
Tijuana, Baja California, 7 de octubre de 2026.- El saneamiento del río Tijuana ha dejado de ser únicamente un problema de infraestructura local. La contaminación que atraviesa la frontera hacia Estados Unidos y alcanza el océano Pacífico se ha convertido también en un asunto de cooperación ambiental entre ambos países, mientras organizaciones civiles buscan que el tema tenga un lugar en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A esta presión se suma ahora la participación del sector industrial de Tijuana. Canacintra plantea revisar los procesos relacionados con el uso y la descarga de agua de sus empresas afiliadas para identificar acciones adicionales que puedan contribuir al saneamiento de la cuenca, de acuerdo con declaraciones de su secretario, Román Caso.
El planteamiento empresarial no equivale a una admisión de incumplimientos. Caso señaló que las empresas están sujetas a revisiones de las autoridades y que Canacintra no tiene conocimiento de afiliados que hayan sido citados o sancionados por irregularidades relacionadas con el tratamiento del agua. Al mismo tiempo, reconoció que existen establecimientos formales e informales que realizan descargas y que es necesario fortalecer la responsabilidad ambiental.
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La contaminación que cruza la frontera
Millones de litros de aguas residuales y residuos circulan por el cauce del río Tijuana antes de cruzar hacia Estados Unidos y llegar a la zona costera de San Diego. La directora de Comunicación y Políticas Públicas de Costa Salvaje, Fay Crevoshay, explicó a EFE que el problema requiere intervenciones en distintos puntos de la cuenca y la participación coordinada de autoridades, organizaciones civiles y empresas de ambos países.
Crevoshay también advirtió sobre el riesgo de que las lluvias movilicen residuos acumulados en distintos puntos de Tijuana hacia el cauce, con la posibilidad de que atraviesen la frontera y lleguen al Pacífico. La preocupación adquiere relevancia ante la necesidad de mantener limpias y operativas las estructuras hidráulicas antes de periodos de precipitaciones intensas.
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que, como parte de las labores preventivas, se han retirado alrededor de 4 mil metros cúbicos de azolve y se han limpiado varios kilómetros de la canalización del río. La dependencia también mantiene una mesa de coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Una petición bajo el capítulo ambiental del T-MEC
La dimensión comercial del problema tiene un antecedente concreto. El 26 de enero de 2026, la organización estadounidense San Diego Coastkeeper presentó ante la Comisión para la Cooperación Ambiental una petición relacionada con el manejo de aguas residuales en Tijuana.
La petición, identificada como SEM-26-002, sostiene que México no está aplicando de manera efectiva su legislación ambiental en materia de aguas residuales, salud pública, notificación transfronteriza y manejo de recursos hídricos. La organización también cuestiona la infraestructura disponible para tratar las aguas residuales y sus efectos sobre los ecosistemas del valle del río Tijuana y las zonas costeras de California.
El procedimiento no es una sanción ni una resolución que determine que México incumplió sus leyes. Se trata de un mecanismo del capítulo ambiental del T-MEC mediante el cual una organización puede presentar ante la CCA una petición sobre la aplicación efectiva de la legislación ambiental de uno de los países miembros.
La CCA determinó en mayo que la petición cumplía con los criterios establecidos para continuar el procedimiento y solicitó una respuesta a México. El Gobierno mexicano presentó esa respuesta el 9 de septiembre; desde entonces, el Secretariado de la CCA analiza si corresponde recomendar la elaboración de un expediente de hechos. La petición permanece activa.
Organizaciones como Pronatura Noroeste, Wildcoast y Sierra Club buscan además que la revisión del acuerdo comercial incorpore compromisos ambientales exigibles relacionados con el saneamiento de la cuenca. La petición ante la CCA constituye uno de los mecanismos institucionales que mantienen el problema dentro del capítulo ambiental del tratado.
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La industria plantea revisar sus propias descargas
Para Canacintra Tijuana, la participación del sector privado debe ir más allá de las labores de limpieza del cauce.
Román Caso explicó que el organismo comenzó a involucrarse en el saneamiento desde principios de 2026, después de que el tema apareciera entre los asuntos considerados para la revisión del T-MEC. Desde entonces, representantes de la cámara han buscado identificar qué medidas adicionales pueden adoptar las empresas afiliadas y fortalecer la coordinación con las autoridades.
El dirigente empresarial señaló que distintos sectores industriales son consumidores importantes de agua y que las necesidades de tratamiento dependen de los procesos productivos. Mencionó entre ellos actividades relacionadas con electrónica, moldeo de metales y producción de plásticos, aunque subrayó que el consumo y las características de las descargas varían de una empresa a otra.
La propuesta, por tanto, consiste en revisar los procesos de las empresas para determinar dónde existen posibilidades de mejorar el manejo y tratamiento del agua. No implica, según las declaraciones de Canacintra, que todas las descargas industriales sean irregulares ni que las empresas afiliadas estén siendo señaladas por las autoridades.
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La contaminación no tiene una sola fuente
La participación empresarial es sólo una parte de una problemática mucho mayor. La contaminación del río está relacionada con las condiciones de la infraestructura de saneamiento, las descargas de aguas residuales, la operación de sistemas de bombeo, el manejo de residuos y el mantenimiento del cauce.
El Gobierno de México y Estados Unidos mantienen desde 2025 un Memorando de Entendimiento para atender el problema sanitario y ambiental de la región Tijuana-San Diego. El acuerdo contempla proyectos de infraestructura, monitoreo y estrategias para garantizar la operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento.
Entre las obras en marcha se encuentra el sistema para alejar del cauce aguas tratadas de las plantas Arturo Herrera y La Morita. De acuerdo con Semarnat, la primera fase está prevista para concluir a mediados de 2027 y permitiría evitar la descarga de alrededor de 438 litros por segundo al río Tijuana. También se desarrollan proyectos para las compuertas del río y la rehabilitación de la planta de bombeo PB-1.
La Secretaría de Medio Ambiente informó además que Estados Unidos liberó recursos del Programa de Infraestructura Hídrica Fronteriza para iniciar los proyectos de PB-1 y las compuertas del río. Estas últimas permitirán evitar que aproximadamente 219 litros por segundo de aguas residuales transfronterizas lleguen al cauce.
En Baja California también avanza el Sistema de Alejamiento, una obra que permitirá retirar del cauce hasta 1,100 litros por segundo de agua tratada y conducirlos hacia un sitio adecuado para su disposición final, según el Gobierno estatal.
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Un problema binacional que exige infraestructura y vigilancia
La dimensión del problema explica por qué el saneamiento del río aparece cada vez con mayor frecuencia en la agenda bilateral. La CILA mantiene proyectos relacionados con la remoción de sedimentos y residuos sólidos del cauce, el monitoreo de flujos y calidad del agua y la elaboración de un Plan Maestro de Infraestructura Hídrica de Tijuana.
El Gobierno federal también mantiene en proceso la rehabilitación de plantas de bombeo como PB CILA, PB Matadero, PB Laureles I y PB Laureles II. La plataforma Proyectos México reporta que el proceso de licitación para este programa fue convocado en agosto de 2026, con inicio de ejecución previsto para finales de octubre.
La discusión que ahora llega al ámbito del T-MEC plantea, además de la limpieza del cauce, quién debe asumir qué responsabilidad y con qué mecanismos puede medirse el cumplimiento.
Mientras las organizaciones ambientales buscan compromisos binacionales más exigibles, los gobiernos avanzan en obras de infraestructura y el sector industrial comienza a revisar sus propios procesos. El saneamiento del río Tijuana depende, finalmente, de que esas acciones funcionen como partes de una misma estrategia y no como respuestas aisladas a una contaminación que lleva décadas cruzando la frontera.
