Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, acusada de participar en una red de fraude y lavado de dinero vinculada al CJNG que habría afectado a unos 6,000 propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México.
Washington, D.C., 10 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, una mujer mexicana a la que fiscales estadounidenses acusan de participar en un esquema internacional de fraude y lavado de dinero presuntamente controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El ofrecimiento fue anunciado el 5 de agosto por el Departamento de Estado, en coordinación con agencias federales estadounidenses, y posteriormente difundido por el FBI, que mantiene a Arredondo Pinzón entre sus fugitivos más buscados por delincuencia organizada. La recompensa se ofrece por información que conduzca a su arresto y/o condena.
Arredondo Pinzón fue acusada en una corte federal de Nueva York de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. No se encuentra bajo custodia estadounidense y las acusaciones en su contra no constituyen una condena.
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¿Quién es Griselda Arredondo?
Griselda Margarita Arredondo Pinzón, de nacionalidad mexicana, aparece en los registros judiciales estadounidenses como media hermana de Julio César Montero Pinzón, identificado por las autoridades de Estados Unidos como un integrante de alto rango del CJNG y conocido como “El Tarjetas”.
El Departamento del Tesoro estadounidense la sancionó en julio de 2024 por su presunta vinculación con las actividades de fraude en tiempos compartidos del CJNG. En aquella acción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la identificó como una contadora con operaciones en Puerto Vallarta, Jalisco, y señaló que había actuado para una estructura controlada por el grupo criminal.
La acusación federal presentada en Nueva York sostiene que Arredondo trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG desde la que se supervisaban las operaciones de varios centros de llamadas y la recepción y lavado de los fondos obtenidos mediante el fraude.
El FBI la incluye actualmente en su lista de Most Wanted dentro de la categoría de delincuencia organizada transnacional.
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Cómo operaba el fraude de tiempos compartidos
Según The New York Times, la investigación estadounidense describe una estructura que combinaba telemercadeo, identidades falsas, empresas de papel y cobros anticipados.
De acuerdo con la acusación federal, los operadores trabajaban desde call centers en México y contactaban a propietarios de tiempos compartidos, muchos de ellos ciudadanos o residentes estadounidenses. Se presentaban como corredores inmobiliarios, abogados o representantes de ventas y les ofrecían vender o rentar sus propiedades a cambio de supuestos pagos previos por impuestos, honorarios u otros conceptos.
Los propietarios entregaban el dinero con la expectativa de recibir posteriormente el pago por la venta o renta de su propiedad. Según los fiscales, ese pago nunca llegaba y las víctimas tampoco podían recuperar las cantidades entregadas.
La acusación describe además el uso de listas con información de propietarios de tiempos compartidos, identidades falsas, contratos ficticios, sitios web, dominios y cuentas de correo creados para aparentar legitimidad, así como cuentas bancarias vinculadas con empresas fachada y personas utilizadas como prestanombres.
El dinero obtenido era posteriormente transferido y lavado mediante una red financiera. Según el Departamento del Tesoro, los pagos podían pasar por bancos corresponsales estadounidenses hacia empresas fachada en México y después circular por otras compañías, fideicomisos y cuentas controladas por integrantes del entramado criminal o por intermediarios financieros.
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Una segunda estafa para recuperar el dinero
La investigación señala que el fraude no terminaba cuando una víctima había perdido su dinero.
Después del primer engaño, los operadores podían volver a contactar a los propietarios haciéndose pasar por abogados, funcionarios gubernamentales o representantes de autoridades. Les prometían recuperar los fondos perdidos a cambio de nuevas cuotas anticipadas.
El Departamento del Tesoro identifica este mecanismo como una forma de revictimización. Según la dependencia, las víctimas podían recibir nuevas solicitudes de pago después de haber sido defraudadas inicialmente, mientras los recursos volvían a canalizarse hacia empresas fachada y posteriormente eran sometidos a procesos de lavado.
La acusación federal sostiene que Arredondo Pinzón trabajaba desde la oficina central que supervisaba tanto los centros de llamadas como la recepción y el lavado de los recursos obtenidos.
Un esquema que se remonta al menos a 2012
Las autoridades estadounidenses sitúan los antecedentes del entramado financiero en alrededor de 2012. La acusación sostiene que desde ese año Julio César Montero Pinzón participó en la creación y administración de una red financiera destinada a recibir y lavar los recursos procedentes del fraude.
De acuerdo a Proceso, los documentos judiciales describen posteriormente el uso de cuentas bancarias y distintas empresas para mover los recursos. La estructura investigada, por tanto, es anterior al periodo utilizado por las autoridades para cuantificar las pérdidas denunciadas por las víctimas.
El Departamento de Justicia calcula que entre 2019 y 2024 alrededor de 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas por aproximadamente 350 millones de dólares relacionadas con esquemas de fraude de tiempos compartidos en México. La cifra corresponde al conjunto de esquemas de este tipo investigados por las autoridades estadounidenses, no necesariamente a una pérdida atribuida exclusivamente a Arredondo Pinzón.
El propio Departamento de Justicia advierte que las denuncias de este tipo de fraude suelen estar subreportadas.
Puerto Vallarta y la red financiera del CJNG
Puerto Vallarta aparece de manera recurrente en las investigaciones estadounidenses sobre este tipo de fraude. El Departamento del Tesoro señaló en 2024 que las personas y empresas sancionadas por su participación en estas actividades estaban ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, al que describió como un bastión estratégico del CJNG.
La OFAC incluyó entonces a Arredondo Pinzón entre los contadores señalados por asistir las operaciones de fraude en tiempos compartidos del grupo criminal. También sancionó a otras personas y empresas vinculadas con la estructura.
El caso no se limita solo a Puerto Vallarta. La acusación federal habla de una operación desarrollada mediante diversos centros de llamadas en México y de víctimas que tenían propiedades de tiempos compartidos en distintas ciudades de Jalisco y otros puntos del país.
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Sanciones, acusación y búsqueda internacional
La presión de las autoridades estadounidenses sobre la red comenzó antes de la actual recompensa.
En julio de 2024, OFAC sancionó a Arredondo Pinzón por su presunta participación en las actividades de fraude vinculadas con el CJNG. En septiembre de 2025, el Departamento de Justicia hizo pública una acusación federal contra ella y Julio César Montero Pinzón por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
En agosto de 2026, el Departamento de Justicia anunció nuevas acusaciones y recompensas contra integrantes de alto nivel del CJNG. Dentro de ese paquete, el Departamento de Estado estableció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Arredondo Pinzón.
La investigación del fraude de tiempos compartidos está a cargo del FBI, la DEA y la unidad de Investigación Criminal del IRS, con apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según el Departamento de Justicia. La fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York lleva la acusación.
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Arredondo Pinzón sigue prófuga
Arredondo Pinzón no está detenida en Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha señalado que tanto ella como Montero Pinzón no se encuentran bajo custodia estadounidense.
La recompensa no modifica su situación jurídica: Arredondo Pinzón enfrenta acusaciones federales y es considerada fugitiva por las autoridades estadounidenses, pero no ha sido condenada. De acuerdo con el Departamento de Justicia, si fuera declarada culpable podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo relacionado con el esquema de fraude.
El caso muestra cómo una investigación inicialmente relacionada con fraudes inmobiliarios y de tiempos compartidos terminó conectándose, según las autoridades estadounidenses, con las estructuras financieras de una organización criminal transnacional. La cifra de 350 millones de dólares y unas 6,000 víctimas reportadas entre 2019 y 2024 da la dimensión del fenómeno que las agencias estadounidenses buscan desarticular, mientras la recompensa mantiene abierta la búsqueda de una de las personas señaladas como parte de esa estructura.
