Baja California volvió a ocupar espacios importantes en los medios nacionales, pero no precisamente por sus inversiones, su potencial turístico o el dinamismo de su frontera. Durante los últimos días, el estado ha sido noticia por una sucesión de escándalos políticos, hechos delictivos y cifras preocupantes de inseguridad.
Uno de los asuntos que mayor ruido ha generado es el relacionado con Julieta Ramírez, senadora con licencia y aspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura, señalada en publicaciones nacionales por un presunto pacto de cooperación con autoridades de Estados Unidos. Hasta el momento, lo difundido forma parte de versiones periodísticas que requieren confirmación oficial, pero el golpe político ya está circulando.
A esto se suma la detención en Estados Unidos de una servidora pública del Ayuntamiento de Tecate, presuntamente sorprendida cuando intentaba cruzar droga por la frontera. El caso rebasó rápidamente el ámbito municipal y colocó nuevamente a Baja California bajo la mirada nacional por una posible relación entre el servicio público y actividades ilícitas.
También Armando Ayala terminó exhibido en medios de alcance nacional después de presumir que lleva 75 días recorriendo Baja California en busca de la candidatura de Morena. Sus llamados “lanchones” y el despliegue anticipado de su promoción alimentaron los cuestionamientos sobre una campaña adelantada, mientras el proceso electoral formal todavía no comienza.
La seguridad tampoco ofrece buenas noticias. En la conferencia presidencial se informó que Baja California concentra el 8.4 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México, colocándose como la segunda entidad con mayor participación en el total nacional. El dato contradice cualquier intento de minimizar la violencia que continúa golpeando al estado.
La frontera entre Tijuana y San Diego también apareció en la prensa nacional e internacional por el inicio del operativo binacional “Águila Alta”, diseñado para detectar e inutilizar drones utilizados por grupos criminales. La medida confirma el nivel de sofisticación alcanzado por las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y personas.
En Ensenada, el inicio del juicio por el asesinato de tres surfistas extranjeros volvió a revivir un caso que dañó seriamente la imagen de Baja California fuera del país. La presencia de víctimas australianas y estadounidenses convirtió desde el principio este crimen en un asunto internacional, con consecuencias para la percepción de seguridad y el turismo.
En apenas unos días, Baja California pasó de un escándalo político a otro y de ahí a las cifras de homicidios, el narcotráfico, los drones criminales y un juicio de repercusión internacional. El problema no es solamente aparecer en las noticias nacionales, sino hacerlo por los peores motivos, mientras la agenda positiva del estado queda sepultada debajo de una acumulación de crisis que ya resulta imposible presentar como hechos aislados.