Uniformes Julián cotizó más caro, pidió 50 por ciento de anticipo y quedó fuera por incumplir un requisito documental. Ahora, el regidor panista Manuel “Rude” García cuestiona una compra que terminó afectando los intereses de un antiguo proveedor gubernamental.
Uniformes Julián, una empresa que durante años ha encontrado en las dependencias gubernamentales de Baja California uno de sus principales mercados, quedó fuera de la licitación para adquirir 300 equipos estructurales destinados al Cuerpo de Bomberos de Mexicali. Después de su descalificación, comenzó una ofensiva mediática para sembrar dudas sobre una compra que fue realizada mediante una convocatoria pública y cuya documentación se encuentra disponible para cualquier ciudadano.
El procedimiento corresponde a la Licitación Pública Municipal AYTOMXL-OM-ADQ-18-26, convocada por el XXV Ayuntamiento de Mexicali para adquirir 300 equipos de combate contra incendios. No se trató de una asignación directa ni de una competencia diseñada para una sola compañía: participaron tres proveedores.
Las empresas registradas fueron Proveedora Baja de Equipos y Textiles, S. de R.L. de C.V.; Ecole Edusistemas, S. de R.L. de C.V., y Julián Ignacio Montaño García Ovies, propietario y representante de la marca Uniformes Julián.
El acta oficial del 24 de agosto de 2026 establece que las propuestas de Proveedora Baja y Ecole Edusistemas fueron aceptadas para su análisis. La de Julián Ignacio Montaño, en cambio, fue desechada porque no presentó el acta de nacimiento exigida en el inciso M de las bases de la licitación.
La descalificación, por lo tanto, no fue producto de una decisión política, de una preferencia partidista ni de una valoración subjetiva. Uniformes Julián incumplió un requisito documental expresamente señalado en las bases y la autoridad aplicó una consecuencia prevista para cualquiera de los participantes.
La sesión fue pública y quedó asentada documentalmente. El procedimiento también fue transmitido a través de los canales oficiales del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento. Pretender presentar la exclusión como una maniobra oculta resulta difícil cuando la causa concreta aparece escrita en el acta: el participante no presentó un documento obligatorio.
Pero existe otro dato todavía más revelador. La cotización de Uniformes Julián ascendía a 58 millones 225 mil 392 pesos, IVA incluido. Además, la empresa solicitaba un anticipo de 50 por ciento y proponía cubrir el resto mediante parcialidades.
La empresa ganadora, Proveedora Baja de Equipos y Textiles, presentó una propuesta por 53 millones 249 mil 300 pesos más IVA. El monto final asciende aproximadamente a 57 millones 509 mil 244 pesos, es decir, cerca de 716 mil pesos menos que la cotización presentada por Uniformes Julián.
No solamente fue una propuesta económicamente menor. El dictamen del Comité de Adquisiciones señala que Proveedora Baja ofreció entregar los equipos en un plazo de 65 días y, a diferencia de Uniformes Julián, no solicitó anticipo. Esas condiciones fueron consideradas solventes y convenientes para el Ayuntamiento.
El 31 de agosto, el Comité adjudicó formalmente el paquete único a Proveedora Baja. El fallo identifica el monto, las condiciones económicas y el fundamento reglamentario de la decisión. Por eso, antes de repetir que existió un supuesto costo excesivo, tendría que explicarse por qué la alternativa defendida por quienes hoy cuestionan la compra resultaba más cara y exigía entregar por adelantado la mitad del dinero.
En medio de esta controversia apareció el regidor del PAN Manuel Rudecindo “Rude” García Fonseca, quien públicamente dejó entrever que podría existir un sobreprecio en la adquisición. Su posicionamiento fue reproducido por medios de Mexicali que construyeron una narrativa de sospecha alrededor del fallo.
El cuestionamiento de un regidor forma parte de sus atribuciones y debe ser atendido con información. Sin embargo, también es legítimo preguntar por qué la ofensiva política surgió precisamente después de que Uniformes Julián quedó fuera de la competencia y perdió la posibilidad de obtener un contrato cercano a los 58 millones de pesos.
Hasta ahora, la documentación pública revisada no demuestra por sí sola una relación comercial, societaria o financiera entre Manuel “Rude” García y Uniformes Julián. Afirmarlo como un hecho sin presentar contratos, transferencias, sociedades o testimonios verificables sería irresponsable. Lo que sí está acreditado es la coincidencia entre el interés afectado, la descalificación del proveedor y la campaña política y mediática desplegada posteriormente contra la compra.
Por ello, el regidor panista tendría que transparentar si mantiene alguna relación personal, política o comercial con Julián Ignacio Montaño García Ovies; si recibió información directamente del proveedor descalificado y cuáles son los cálculos técnicos con los que sostiene que existió un precio excesivo. La rendición de cuentas también obliga a quienes formulan acusaciones.
Uniformes Julián no es una empresa ajena al presupuesto público. Los archivos gubernamentales muestran que ha recibido contratos desde antes de la administración de Francisco “Kiko” Vega y que durante el gobierno panista continuó obteniendo adjudicaciones para suministrar uniformes, calzado y prendas de trabajo a distintas dependencias.
En 2018, durante la administración de Kiko Vega, existen contratos del DIF Estatal celebrados con Uniformes Julián, S.A. de C.V. Ese mismo año aparece también un contrato identificado como IPEBC/Uniformes Julián/43/2018. Los expedientes confirman que la compañía formó parte de la red de proveedores gubernamentales durante el sexenio panista.
El historial no terminó con la salida del PAN del Gobierno del Estado. En 2019, Julián Ignacio Montaño García Ovies obtuvo partidas en una compra consolidada; en 2021 celebró un contrato de compraventa con el Ayuntamiento de Tijuana; en 2022 recibió adjudicaciones estatales; en 2023 fue beneficiado en procedimientos de Mexicali y de organismos estatales, y en 2025 volvió a obtener un contrato de la CESPT.
Los registros, por sí solos, no significan que esos contratos fueran ilegales. Sí acreditan, en cambio, que Uniformes Julián ha mantenido durante años una relación comercial recurrente con instituciones públicas, atravesando diferentes gobiernos y administraciones. El presupuesto gubernamental ha sido una fuente constante de negocios para el proveedor.
Resulta entonces revelador que, cuando una licitación no favorece a ese proveedor histórico, aparezca una narrativa destinada a descalificar al competidor que sí cumplió y presentó mejores condiciones económicas. Lo que se intenta vender como una defensa del dinero público podría terminar siendo la defensa de un interés privado desplazado.
También debe aclararse una falsedad que comienza a repetirse: Uniformes Julián no fue excluida para favorecer arbitrariamente a otra compañía. La empresa se descalificó al entregar una propuesta incompleta. No presentar un requisito establecido en las bases tiene consecuencias legales y administrativas, sin importar el tamaño, la antigüedad o las relaciones de un proveedor.
La operación tampoco fue adjudicada a la propuesta más cara. El ganador quedó aproximadamente 716 mil pesos por debajo de la cotización de Uniformes Julián y no exigió el anticipo de 50 por ciento solicitado por el proveedor descalificado. Estos datos contradicen la idea de que el Ayuntamiento rechazó una alternativa más conveniente.
Si existen irregularidades, deben documentarse y denunciarse ante Sindicatura, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o las autoridades competentes. Lo que no resulta válido es sustituir las pruebas con publicaciones dirigidas a generar indignación, omitiendo que el proveedor desplazado incumplió las bases y presentó una cotización superior.
Durante años, determinados proveedores se acostumbraron a considerar el presupuesto como un territorio reservado. Cuando pierden una licitación, el discurso cambia: la competencia se convierte en sospechosa, el procedimiento se presenta como irregular y quienes obtienen el contrato son sometidos a una campaña de descrédito.
El caso de los equipos para Bomberos deja una pregunta política inevitable: ¿Manuel “Rude” García está defendiendo la transparencia o está amplificando la inconformidad de un proveedor históricamente beneficiado por gobiernos panistas? La respuesta deberá ofrecerla el propio regidor, transparentando el origen de sus señalamientos y cualquier vínculo que pudiera representar un conflicto de interés.
Los bomberos de Mexicali requieren equipos certificados, seguros y entregados oportunamente. Convertir su protección en instrumento de presión para recuperar contratos perdidos no solamente distorsiona el debate público; también pone los intereses de un grupo por encima de las necesidades de quienes diariamente arriesgan la vida.
La documentación disponible muestra una historia distinta a la difundida por la campaña mediática: Uniformes Julián participó, incumplió un requisito, fue descalificada y había cotizado más caro. La empresa ganadora cumplió el procedimiento, ofreció un precio menor y no pidió anticipo. Ésos son los hechos. Todo lo demás, mientras no aparezcan pruebas en contrario, parece la reacción de quienes durante mucho tiempo vivieron cómodamente del presupuesto y se resisten a perder sus privilegios.