Documentos del propio Ayuntamiento colocan bajo cuestionamiento el manejo de ayudas municipales: personas relacionadas política o empresarialmente con el entorno de la alcaldesa aparecen entre los beneficiarios, mientras una respuesta oficial de Bienestar sostiene que determinados apoyos no fueron entregados.
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.- El Gobierno de Playas de Rosarito, encabezado por la alcaldesa Rocío Adame, tiene una contradicción que explicar: documentos públicos del propio Ayuntamiento registran ayudas económicas a personas vinculadas con su entorno, mientras que la Secretaría de Bienestar Social ha respondido oficialmente que al menos uno de esos apoyos no existe.
No se trata de versiones encontradas entre gobierno y oposición.
Son documentos del mismo Ayuntamiento diciendo cosas aparentemente diferentes.
En la relación denominada “Montos pagados por ayudas y subsidios, primer periodo trimestral (enero-marzo) 2025”, publicada con identidad institucional del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, aparecen decenas de beneficiarios dentro de la partida 44103 – Otras Ayudas, clasificada en el sector económico.
Entre los nombres registrados se encuentra Dafne Fernanda Perea Martín del Campo, asociada en el documento a un monto de 35 mil pesos.
Hasta ahí podría tratarse simplemente de una beneficiaria más de un programa municipal.
El problema comienza cuando se pregunta oficialmente por esos recursos.
En un oficio fechado el 14 de agosto de 2026, la Secretaría de Bienestar Social Municipal respondió a una solicitud de información señalando que durante el ejercicio fiscal 2025 “no ha entregado apoyos sociales, ayudas sociales y/o otras ayudas a dicho ciudadano”.
La respuesta va todavía más lejos.
La dependencia señala que tampoco cuenta con copia pública de expediente social, acta, dictamen, contrato o documento análogo relacionado con el apoyo, precisamente porque sostiene que “no existe alguno”.
Ahí está la contradicción.
Por un lado, un registro público del Ayuntamiento muestra nombres y cantidades dentro de “Montos pagados por ayudas y subsidios”.
Por otro, una dependencia del mismo Ayuntamiento responde oficialmente que el apoyo consultado no fue entregado y que, por consecuencia, tampoco existe expediente.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Se entregó o no se entregó el dinero?
Y el asunto adquiere mayor relevancia porque algunos de los nombres que aparecen en estos registros no resultan ajenos al entorno político o empresarial relacionado con la administración municipal.
Uno de ellos es precisamente el de Dafne Fernanda Perea Martín del Campo.
Existen documentos relacionados con Caja Astratta en los que Dafne Perea aparece vinculada societariamente con Aziel Espinosa Adame y José Alfredo Smith Suárez.
Por sí misma, una relación empresarial no constituye ninguna irregularidad.
Tampoco recibir un apoyo público representa automáticamente una conducta indebida.
Pero cuando existen vínculos con personas relacionadas con el entorno de quienes gobiernan, el estándar de transparencia necesariamente debe ser mayor.
Y todavía aparece otro nombre que políticamente resulta mucho más significativo.
Lilia Cota Ritchie.
Lilia Cota Ritchie fue registrada como suplente de María del Rocío Adame Muñoz en la Presidencia Municipal de Playas de Rosarito.
Es decir, no hablamos solamente de alguien que conoce a la alcaldesa o que eventualmente haya participado en actividades políticas.
Hablamos de la persona que forma parte directamente de la fórmula política de Rocío Adame para la Presidencia Municipal.
Y su nombre también aparece dentro de la documentación de beneficiarios de ayudas del Ayuntamiento.
Eso no demuestra por sí mismo una irregularidad.
Pero sí genera una obligación política y administrativa de explicar con absoluta claridad por qué personas vinculadas al entorno del poder municipal aparecen como beneficiarias de recursos públicos, bajo qué criterios fueron seleccionadas y qué expedientes respaldan la entrega de esos recursos.
Porque aquí el tema central no es solamente quién recibió dinero.
El verdadero problema es la contradicción documental.
Si los apoyos fueron legales, debidamente solicitados, evaluados y autorizados, entonces deberían existir expedientes capaces de demostrarlo.
Solicitudes.
Estudios.
Dictámenes.
Autorizaciones.
Comprobantes.
Reglas o criterios utilizados para determinar quién podía recibir el dinero.
Pero si una dependencia municipal responde oficialmente que el apoyo no existe, mientras un registro del propio gobierno muestra a la persona dentro de una relación denominada “Montos pagados por ayudas y subsidios”, alguien tiene que explicar cuál de los dos documentos contiene la información correcta.
Porque ambos provienen del mismo gobierno.
Y ambos no pueden simplemente ignorarse.
El Ayuntamiento de Rocío Adame debe aclarar además cuál fue el procedimiento mediante el cual se distribuyeron los recursos correspondientes a la partida 44103 – Otras Ayudas.
¿Quién podía solicitarlos?
¿Cuáles eran los requisitos?
¿Existió convocatoria pública?
¿Quién determinaba los montos?
¿Quién autorizaba los pagos?
¿Existieron estudios socioeconómicos?
¿Dónde están los expedientes?
¿Y cuántas personas relacionadas política, empresarial o personalmente con funcionarios o integrantes de la administración aparecen entre los beneficiarios?
Esas son las preguntas que ahora debe responder el Gobierno de Rosarito.
Porque el problema no está únicamente en que aparezcan personas cercanas al entorno político entre quienes recibieron apoyos.
El problema es que cuando se pregunta oficialmente por esos recursos, el propio gobierno puede responder que no existen.
Y eso cambia completamente la dimensión del asunto.
Si hubo apoyo, debe existir documentación.
Si hubo pago, debe existir justificación.
Si hubo beneficiario, debe existir un criterio para seleccionarlo.
Y si el Ayuntamiento publicó el nombre y el monto dentro de sus registros, entonces Bienestar tendrá que explicar por qué existe una respuesta oficial que aparentemente contradice esa información.
La administración de Rocío Adame tiene frente a sí una oportunidad muy sencilla para despejar cualquier sospecha: transparentar los expedientes completos y explicar cada caso.
Porque cuando se trata de recursos públicos entregados a personas relacionadas con el entorno del poder, la respuesta no puede ser simplemente:
“No existe”.
Mucho menos cuando los propios documentos del Ayuntamiento parecen decir lo contrario.
En Noticia Frontera seguiremos revisando quiénes aparecen entre los beneficiarios, cuánto recibieron y qué relación tienen con el entorno político de Playas de Rosarito.
Porque el dinero público sí existe.
Y los documentos también.