El Departamento de Estado anunció la creación del Birth Tourism Prevention Task Force, que revisará la actividad de titulares de visas y buscará desmantelar redes que faciliten viajes a Estados Unidos con el propósito de dar a luz.
Washington, 12 de agosto de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la creación de un grupo especial para combatir el llamado “turismo de maternidad” o “parto” y reveló que ya ha revocado más de 600 visas de personas extranjeras presuntamente vinculadas con este tipo de esquemas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el Birth Tourism Prevention Task Force revisará la actividad de titulares de visas, buscará desmantelar redes dedicadas a facilitar estos viajes y reforzará la aplicación de las normas migratorias estadounidenses. Según la dependencia, las revocaciones se han producido durante el último mes.
La medida representa un nuevo paso en la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump contra el turismo de maternidad. La estrategia comenzó a tomar forma jurídica con una orden ejecutiva firmada el seis de agosto, pero ahora entra en una etapa de aplicación directa mediante el Departamento de Estado y su coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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Un grupo especial para revisar a titulares de visas
Rubio explicó que el nuevo equipo especial tendrá entre sus funciones revisar la actividad de personas que cuentan con visas estadounidenses y detectar posibles redes dedicadas a organizar viajes cuyo propósito principal sea dar a luz en Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la iniciativa forma parte de una estrategia coordinada con el DHS para impedir que las categorías de visas de no inmigrante sean utilizadas para fines distintos de aquellos para los que fueron concedidas. La dependencia sostiene que las nuevas medidas buscan proteger la integridad del sistema migratorio.
La cifra anunciada por Rubio —más de 600 visas revocadas— corresponde a personas extranjeras de distintos países, según la información oficial. La dependencia no ofrece en su anuncio un desglose por nacionalidad, tipo de visa o país de procedencia.
Associated Press (AP) reporta que Rubio confirmó que las más de 600 revocaciones corresponden a personas sospechosas de participar en esquemas de turismo de parto. La agencia también señaló que el grupo había sido creado desde el mes anterior, aunque su establecimiento fue anunciado públicamente este 12 de agosto.
¿Qué considera Estados Unidos como “turismo de maternidad”?
La orden ejecutiva 14419, firmada por Trump el seis de agosto, define el turismo de maternidad o parto como el ingreso de una persona extranjera a Estados Unidos mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense, así como los esfuerzos para facilitar ese ingreso.
El documento ordena al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Nacional adoptar las medidas necesarias para aplicar esa política. Entre las acciones contempladas están impedir la expedición de visas o autorizaciones de viaje, impedir la entrada, revocar visas y tomar medidas contra personas u organizaciones que faciliten este tipo de actividades.
La definición es relevante porque la política no establece que el simple hecho de estar embarazada convierta a una viajera en participante de turismo de parto. El criterio establecido por la orden es el propósito del viaje: ingresar a Estados Unidos con una visa de no inmigrante para dar a luz.
La Casa Blanca sostiene que existen empresas y redes que ofrecen a extranjeras servicios para organizar estos viajes y que algunas de ellas instruyen a sus clientes para ocultar ante funcionarios consulares o fronterizos el verdadero propósito de su visita. Esas afirmaciones forman parte de la justificación presentada por la administración de Trump para endurecer la aplicación de las normas migratorias.
La ofensiva comenzó con una orden ejecutiva
El anuncio de Rubio ocurre seis días después de que Trump firmara la orden ejecutiva para “terminar con el turismo de parto”.
El documento sostiene que las visas de no inmigrante destinadas a actividades temporales —como turismo, estudios o determinados trabajos— no deben utilizarse para obtener beneficios migratorios permanentes mediante el nacimiento de un hijo en territorio estadounidense. La orden delegó facultades de aplicación al Departamento de Estado y al DHS.
La Casa Blanca vinculó esa decisión con la política más amplia de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento. En una ficha informativa publicada el mismo seis de agosto, la administración presentó las dos órdenes ejecutivas como parte de una estrategia para modificar las condiciones bajo las cuales determinados menores nacidos en Estados Unidos podrían obtener la ciudadanía.
La ofensiva se desarrolla, además, después de una serie de disputas judiciales sobre los intentos de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento. AP señaló que la administración ha enfrentado reveses en los tribunales y que el presidente ha mantenido su campaña para restringir este principio constitucional.
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Una política que enfrenta cuestionamientos legales
La nueva estrategia no está exenta de controversia jurídica. Reuters reportó el siete de agosto que las órdenes ejecutivas enfrentan importantes desafíos legales y que especialistas en derecho constitucional consideran que algunas de sus disposiciones podrían entrar en conflicto con las protecciones de la ciudadanía por nacimiento establecidas en la Decimocuarta Enmienda, porque una orden ejecutiva puede establecer instrucciones para la administración federal, pero no puede modificar por sí misma la Constitución ni sustituir las decisiones de los tribunales.
La propia orden de Trump establece que su aplicación deberá realizarse conforme a la legislación vigente y contempla que, si alguna de sus disposiciones es considerada inválida, las restantes no necesariamente quedarían anuladas.
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El alcance de las revocaciones de visas
La cifra de más de 600 visas revocadas ofrece una primera medida del alcance de la nueva política, pero deja abiertas varias preguntas.
El Departamento de Estado no precisó en su anuncio cuántas de esas personas eran mexicanas, de qué países procedían, qué categorías de visa tenían ni cuántas revocaciones estuvieron relacionadas con casos individuales frente a investigaciones sobre redes de intermediarios. Tampoco detalló cuántas personas fueron sometidas a procesos de inadmisibilidad o expulsión.
La orden ejecutiva permite a las autoridades actuar contra personas que participen en turismo de parto y contra quienes lo faciliten, pero cada caso queda sujeto a la aplicación de las normas migratorias y a las facultades de las agencias correspondientes.
Para millones de personas que utilizan visas estadounidenses para viajar temporalmente al país, el cambio supone un mayor escrutinio sobre el propósito declarado de sus viajes. La nueva política adquiere una dimensión particular en las zonas fronterizas, donde las visas de visitante y los permisos de cruce forman parte de la movilidad cotidiana entre Estados Unidos y México.
Por ahora, el dato confirmado es que el Gobierno de Estados Unidos ya puso en marcha la nueva estructura de aplicación y reporta más de 600 visas revocadas en un mes. El siguiente paso será determinar cómo operará el grupo de trabajo, qué criterios utilizará para identificar los casos y hasta dónde llegará la ofensiva contra las redes que Washington acusa de facilitar el llamado turismo de parto.
