En política, los nombramientos también gobiernan. Cada funcionario que llega a un cargo público representa una decisión directa de quien lo designó. Por eso, cuando un área estratégica fracasa, la responsabilidad no termina en el escritorio del funcionario; sube inevitablemente hasta quien lo sostuvo en el puesto.
Hoy, para miles de familias tijuanenses, el problema ya no es solamente la falta de agua. El problema es la incertidumbre. Colonias que pasan horas o incluso días sin servicio, interrupciones constantes, baja presión y una comunicación oficial que rara vez ofrece respuestas claras han convertido un derecho básico en una fuente permanente de frustración.
El agua no es un lujo. Es el servicio público más importante que puede recibir una ciudad. Sin agua no funcionan los hogares, los hospitales, los comercios, las escuelas ni la industria. Cuando el suministro falla de manera recurrente, también se deteriora la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Desde que la gobernadora Marina del Pilar nombró a Mónica Vega al frente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), las críticas por las interrupciones del servicio y la inconformidad ciudadana han ido en aumento. Mientras el organismo difunde comunicados sobre programas, obras y acciones institucionales, la conversación cotidiana en numerosas colonias sigue siendo la misma: “¿ya regresó el agua?”.
No se trata únicamente de infraestructura. Toda ciudad enfrenta fugas, mantenimiento o reparaciones. La diferencia entre una buena y una mala administración está en la capacidad para anticipar problemas, responder con rapidez y comunicar con transparencia.
Cuando una familia abre la llave y no sale una sola gota, poco le importa cuántos boletines de prensa se hayan publicado ese día. Lo único que espera es que alguien resuelva el problema.
La CESPT administra uno de los sistemas hidráulicos más complejos del país. Precisamente por eso, la dirección del organismo exige un perfil con experiencia técnica, capacidad operativa y liderazgo permanente. No basta con administrar oficinas; hay que administrar crisis todos los días.
En política también existe el costo de las designaciones. Cuando un nombramiento funciona, el mérito suele ser del gobernante. Pero cuando fracasa, también debe asumirse la responsabilidad política.
Por eso cada corte de agua prolongado, cada colonia sin suministro y cada familia obligada a comprar pipas o almacenar agua termina convirtiéndose en algo más que un problema administrativo: se transforma en un desgaste para el propio gobierno estatal.
Los ciudadanos difícilmente distinguen entre la directora de la CESPT y la gobernadora. Para ellos, ambas representan al mismo gobierno. Esa es la realidad política.
Mientras la inconformidad siga creciendo y las interrupciones continúen afectando a miles de hogares, será inevitable que muchos tijuanenses lleguen a una conclusión sencilla: el mayor castigo que ha recibido la ciudad no ha sido únicamente quedarse sin agua, sino la decisión de quién quedó encargada de administrarla.
Porque al final, los gobiernos no son recordados por los discursos que pronuncian, sino por los servicios que logran garantizar. Y cuando el agua deja de llegar a las casas, la política también comienza a hacer agua.