Hay frases que sobreviven al paso del tiempo porque son sencillas, memorables y fáciles de repetir. “No mentir, no robar y no traicionar” es quizá la más emblemática del movimiento que hoy gobierna México. El problema no es pronunciarla. El verdadero reto comienza cuando toca vivirla.
Este fin de semana, durante un encuentro de militantes en Baja California, volvió a escucharse ese mantra convertido casi en credo político. Una vez más se habló de los principios que deberían distinguir a Morena de los viejos partidos. El mensaje era claro: la honestidad sigue siendo la bandera del movimiento. Pero la realidad, como suele ocurrir, llegó sin pedir permiso.
Hace apenas unas semanas, Ramón Vázquez dejó su curul para asumir la Secretaría General de Gobierno de Tijuana. Conforme a la ley, quien tomó protesta como diputado fue su suplente, Jesús Daniel Razo Córdova, su hijastro. Hasta ahí, jurídicamente no existe discusión: el procedimiento fue legal y está previsto por la legislación electoral.
La polémica comenzó cuando se le preguntó si aquello representaba un caso de nepotismo. Su respuesta fue contundente: “No es nepotismo”. Argumentó que simplemente se le dio una oportunidad a un joven con trayectoria dentro del movimiento y preparación suficiente para desempeñar el cargo.
Y es justamente ahí donde aparece el verdadero debate. No porque alguien niegue los hechos, sino porque intenta cambiar el significado de los hechos. Nadie discute que el suplente era su hijastro. Nadie discute que terminó ocupando la diputación que él dejó. Lo que está en discusión es si esa situación es compatible con el discurso que Morena ha construido durante años.
La ironía es inevitable. Mientras el partido impulsa reglas internas para impedir que familiares hereden posiciones de poder rumbo al proceso electoral de 2027, en Baja California uno de los casos más comentados del año termina convertido en la explicación de por qué esas reglas existen.
Quizá el problema no sea estrictamente jurídico. Tal vez tampoco sea un asunto administrativo. El costo aparece en otro terreno: el de la credibilidad. Porque cuando un movimiento basa buena parte de su identidad en la autoridad moral, cualquier excepción termina pesando mucho más que en cualquier otro partido.
Los ciudadanos no suelen discutir artículos de ley ni interpretaciones técnicas. Evalúan con una lógica mucho más simple: ¿se actuó conforme al discurso que se predica? Si la respuesta genera dudas, la confianza comienza a desgastarse. Y la confianza, una vez perdida, rara vez se recupera con conferencias de prensa.
Morena llegó al poder prometiendo ser diferente. Precisamente por eso hoy enfrenta un estándar más alto que el de sus adversarios. Nadie espera perfección, pero sí congruencia. Porque quien hizo de la ética su principal bandera debe aceptar que será medido con la misma vara que eligió para juzgar a los demás.
Al final, la pregunta no es si la ley permitió el relevo ni si existía un argumento para defenderlo. La pregunta es mucho más sencilla y, quizá por eso, más incómoda: cuando un ciudadano escucha “no mentir, no robar y no traicionar”, ¿encuentra en los hechos la misma claridad que escucha en el discurso? Ahí es donde comienza el verdadero examen de cualquier gobierno.