Hay decisiones que retratan a un gobierno mucho más que cualquier discurso. La que tomó este martes la síndica procuradora Teresita Balderas Beltrán es una de ellas. Mientras decenas de viudas de policías siguen esperando que les resuelvan la pensión que por ley les corresponde, el Ayuntamiento decidió retirarles el apoyo económico mensual de 5 mil 800 pesos que recibían de manera provisional. No fue un anuncio cualquiera. Fue un mensaje de indiferencia hacia mujeres que ya pagaron el precio más alto: perder a sus esposos en cumplimiento del deber.
Durante su conferencia de prensa, la síndica defendió la decisión asegurando que ese apoyo era “muy digno” y reprochó que las viudas siguieran diciendo públicamente que el gobierno no las había apoyado. Aunque nunca utilizó la palabra represalia, el mensaje dejó una impresión difícil de ignorar. Pareció más un reclamo hacia mujeres que han levantado la voz para exigir justicia que una explicación jurídica sobre una decisión administrativa. En lugar de anunciar que las pensiones finalmente habían sido resueltas, anunció que el apoyo desaparecería.
Nadie puede convencer a la ciudadanía de que el problema eran 5 mil 800 pesos mensuales. El verdadero problema es que el gobierno no ha sido capaz de resolver con rapidez las pensiones de quienes dieron la vida portando un uniforme. En lugar de corregir esa omisión, decidió eliminar el único respaldo que tenían esas familias mientras esperaban una respuesta. La burocracia terminó castigando a quienes menos culpa tienen.
Lo más grave es que la propia administración reconoce que 29 viudas dejarán de recibir ese ingreso a partir de este mes. Para un gobierno puede representar una partida menor dentro del presupuesto; para una mujer que perdió al sostén de su hogar significa la diferencia entre pagar la renta, comprar alimentos, medicinas o simplemente sobrevivir mientras llega una pensión que sigue sin aparecer.
Pero la indignación crece cuando se observan las prioridades del mismo gobierno. Hace apenas unos meses trascendió la adquisición de 322 anillos de oro de 10 quilates para trabajadores sindicalizados mediante un contrato superior a 4.6 millones de pesos. Nadie cuestiona los derechos laborales de los trabajadores municipales, pero sí es válido preguntar qué resulta más urgente para una administración: comprar joyas o mantener el apoyo de las viudas de policías que murieron protegiendo a la ciudad.
También provocó polémica la asignación de 7.2 millones de pesos para financiar tratamientos en el centro de rehabilitación Patrulla Espiritual. Atender el problema de las adicciones es una obligación del Estado, pero la decisión fue ampliamente cuestionada porque existían otras instituciones públicas con necesidades presupuestales. Cuando se trata de programas con impacto político o mediático, los recursos aparecen. Cuando se trata de las familias de policías caídos, la respuesta es que ya no alcanza o que el apoyo genera “malinterpretaciones”.
Todavía resulta más difícil comprender la postura de la síndica cuando ella misma ha sido objeto de críticas públicas por aparecer portando joyería y accesorios cuyo valor, según diversos señalamientos en redes sociales y publicaciones periodísticas, asciende a cientos de miles de pesos. Sin prejuzgar sobre el origen de ese patrimonio ni sobre la legalidad de poseerlo, el contraste es inevitable. Para una funcionaria, 5 mil 800 pesos pueden parecer un apoyo “muy digno”; para una viuda representan el dinero con el que compra despensa, paga servicios o mantiene a sus hijos.
Ese es el verdadero fondo del debate. No es un asunto de legalismos ni de interpretaciones administrativas. Es un asunto de sensibilidad. Porque ningún gobierno que presume apoyar a sus policías debería abandonar a las familias cuando esos policías ya no están para defenderse.
Hace apenas unos meses la propia Teresita Balderas hablaba de humanizar el trato hacia las familias de los elementos caídos y presumía avances para garantizarles servicios y derechos. Hoy esa narrativa se desmorona. La sensibilidad no se demuestra en ruedas de prensa ni en fotografías oficiales. Se demuestra cuando llega el momento de decidir entre proteger a las personas o proteger un presupuesto.
Los policías municipales salen todos los días sabiendo que quizá no regresen a casa. Muchos han perdido la vida enfrentando a la delincuencia. Lo mínimo que esperan sus compañeros es que, si algún día ellos faltan, sus familias no sean abandonadas por las mismas autoridades a las que ellos sirvieron con lealtad.
La síndica insiste en que el apoyo era únicamente provisional. Nadie lo discute. Precisamente porque era provisional debió mantenerse hasta que todas las pensiones estuvieran resueltas. Retirarlo antes es dejar a las familias a la mitad del camino. Es quitarles el único salvavidas mientras el propio gobierno sigue sin cumplir con su obligación.
Teresita Balderas todavía está a tiempo de rectificar. Porque gobernar también significa tener empatía. Los policías que murieron defendiendo a Tijuana ya cumplieron con su deber. Hoy le toca al gobierno cumplir con el suyo. Y mientras existan millones para joyas, contratos y otros gastos cuestionables, pero no para sostener un apoyo mínimo a las viudas de quienes dieron la vida por esta ciudad, será inevitable que la ciudadanía concluya que el problema no es la falta de dinero, sino la falta de sensibilidad.