Hay políticos que entienden que el poder viene acompañado de aplausos… y de críticas. Y hay otros que, apenas alguien les levanta la voz, corren a buscar un abogado. Todo indica que la síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas, pertenece al segundo grupo.
La política, por definición, es una actividad pública. Quien decide ocupar un cargo de elección o de alta responsabilidad sabe que será observado, cuestionado, criticado y, muchas veces, señalado con dureza. Eso no es violencia. Eso es democracia.
En los últimos meses hemos visto cómo la síndica ha recurrido en diversas ocasiones al argumento de la presunta violencia política en razón de género para responder a señalamientos provenientes de exfuncionarios, activistas, ciudadanos y ahora incluso de un medio de comunicación con décadas de trayectoria como Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y su directora Dora Elena Cortés Juárez.
La denuncia promovida ante el Instituto Estatal Electoral contra AFN y su directora abrió un debate mucho más grande que el caso en sí. Ya no se trata únicamente de un diferendo entre una funcionaria y un medio. Lo que hoy está sobre la mesa es hasta dónde puede llegar un servidor público cuando decide responder a la crítica utilizando mecanismos legales diseñados originalmente para proteger derechos políticos de las mujeres.
Nadie discute que la violencia política de género existe. Existe y debe combatirse con toda firmeza cuando realmente ocurre. Ha costado muchos años construir herramientas legales para proteger a las mujeres que participan en la vida pública frente a agresiones reales.
Precisamente por eso resulta delicado cuando ese instrumento comienza a percibirse como una respuesta automática frente a cualquier crítica incómoda. Porque entonces el debate deja de ser jurídico y se convierte en político.
En el caso difundido por AFN, el propio medio sostiene que publicó una entrevista en la que un exfuncionario expresó señalamientos sobre la síndica y posteriormente fue notificado como parte denunciada dentro del procedimiento electoral. Esa circunstancia ha sido presentada por la agencia como un riesgo para el ejercicio periodístico y para la libertad de expresión.
Y ahí es donde aparece una pregunta inevitable. Si un periodista publica declaraciones de un entrevistado, ¿hasta dónde llega la responsabilidad editorial y dónde comienza el derecho ciudadano a estar informado? Es una discusión que no debería tomarse a la ligera.
Mientras tanto, la percepción pública sobre la Sindicatura sigue siendo complicada.
Porque más allá de los expedientes abiertos, de las conferencias de prensa y de los comunicados, muchos ciudadanos siguen preguntándose cuáles son los grandes casos de corrupción que han terminado con sanciones firmes, recuperación de recursos públicos o sentencias definitivas.
La administración de la síndica ha sido particularmente activa anunciando investigaciones y haciendo señalamientos públicos. Sin embargo, esa intensidad mediática no siempre ha ido acompañada de resultados que la ciudadanía perciba con la misma contundencia.
Uno de los ejemplos más visibles fue la confrontación con la exalcaldesa Montserrat Caballero. Las acusaciones ocuparon titulares durante semanas y colocaron nuevamente a la exmandataria en el centro de la conversación pública. Paradójicamente, lejos de desaparecer del escenario político, Caballero continúa siendo mencionada como un actor con aspiraciones para el proceso electoral de 2027.
En política existe un viejo dicho: no hay publicidad mala cuando el adversario te mantiene permanentemente en la conversación.
Mientras tanto, la síndica también ha enfrentado cuestionamientos por asuntos distintos a su labor fiscalizadora, como las críticas derivadas de publicaciones sobre gastos en vestimenta o actividades realizadas fuera de la oficina durante horarios laborales. Son temas que, aunque puedan parecer menores, alimentan una narrativa pública que termina pesando sobre cualquier administración.
Y cuando a esa percepción se suma una estrategia jurídica frente a los críticos, el costo político suele ser mayor.
Porque la ciudadanía distingue perfectamente entre una agresión por razón de género y una crítica al desempeño de un servidor público.
Decir que una administración produce pocos resultados no es violencia política. Cuestionar decisiones administrativas no es violencia política. Preguntar por investigaciones inconclusas no es violencia política. Pedir cuentas tampoco lo es.
Los funcionarios públicos, hombres o mujeres, deben tener exactamente el mismo derecho a defenderse… pero también exactamente la misma obligación de rendir cuentas.
Si cada crítica termina en un expediente, cada entrevista en una denuncia y cada cuestionamiento en un procedimiento legal, el mensaje que termina enviándose a periodistas, activistas y ciudadanos es muy delicado: mejor no hables, porque podrías terminar defendiéndote ante una autoridad.
Ese efecto inhibidor es justamente el que preocupa a organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión. No porque un funcionario no pueda acudir a la ley, sino porque el uso reiterado de esos mecanismos puede terminar generando autocensura.
Al final, el cargo de síndico procurador no consiste en cuidar la imagen personal de quien lo ocupa. Consiste en vigilar el correcto ejercicio del gobierno municipal, combatir la corrupción y generar confianza ciudadana.
Porque la mejor respuesta frente a la crítica nunca será una denuncia.
La mejor respuesta siempre serán los resultados.