Durante su paso por la delegación de Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe no solo operó programas sociales: construyó posicionamiento político propio. Esa es la lectura que hoy se impone frente a su intención de aparecer en la boleta rumbo a la gubernatura de 2027.
Los señalamientos no surgieron después. Se dieron en tiempo real. Desde distintos espacios políticos y mediáticos se advirtió que su exposición pública no correspondía únicamente a funciones institucionales, sino a una estrategia sistemática de promoción personal desde el cargo.
No era un hecho aislado. Era una constante.
Eventos, entregas, recorridos, fotografías, presencia mediática. Todo bajo el mismo patrón: Ruiz Uribe al centro de la narrativa, no el programa, no la institución, no la política pública.
En cualquier otro contexto, podría interpretarse como estilo personal. Pero en un entorno de competencia interna anticipada, lo que se configuró fue otra cosa: la construcción de una candidatura desde el aparato público.
Ese patrón quedó evidenciado en múltiples momentos. Uno de los más claros fue la constante difusión de su imagen en actos de entrega de apoyos federales, donde su figura aparecía de manera reiterada en materiales de comunicación, redes sociales y cobertura mediática, generando cuestionamientos sobre promoción personalizada desde un cargo público.
Pero el punto donde el tema escaló fue cuando actores políticos comenzaron a señalar formalmente estas prácticas. En 2023, el PRI en Baja California exigió públicamente que se investigara a Ruiz Uribe por posibles actos anticipados de campaña, argumentando que su presencia constante en eventos de programas sociales no correspondía a un ejercicio neutral del cargo.
Aunque una de estas denuncias fue posteriormente desechada por el Instituto Estatal Electoral, el fondo del señalamiento nunca desapareció: el uso político de la visibilidad institucional.
Y es que el diseño mismo de los programas sociales federales —entregados de manera directa, masiva y territorial— convierte a quien los opera en una figura con alto potencial de posicionamiento, especialmente en contextos electorales.
Ruiz Uribe entendió perfectamente ese mecanismo.
Durante su gestión, su agenda pública estuvo marcada por recorridos constantes en colonias, entrega directa de apoyos y contacto permanente con beneficiarios, en un esquema que, más allá de lo institucional, construyó una red de reconocimiento político directo.
A eso se sumó su presencia mediática continua, donde no solo informaba sobre programas, sino que fijaba postura, opinaba sobre actores políticos y comenzaba a perfilarse como figura rumbo a la gubernatura.
El momento clave fue su salida del cargo.
No fue una salida neutra ni meramente administrativa. Se dio en un contexto donde su nombre ya estaba instalado en la conversación política como aspirante, y donde su permanencia comenzaba a generar ruido por el evidente cruce entre función pública y proyecto personal.
Eso es lo que hoy pesa.
Porque aunque ya no es delegado, los efectos de esa construcción siguen vigentes.
El reconocimiento territorial no desaparece.
La exposición acumulada no se borra.
La relación con beneficiarios no se diluye de un día para otro.
Y ahí es donde el tema se vuelve estructural.
Porque no se trata de un evento, ni de una denuncia aislada.
Se trata de un método.
Un método donde el ejercicio del poder se convierte en plataforma, donde la política pública se mezcla con la aspiración personal, y donde la línea entre servicio y promoción se vuelve cada vez más difusa.
Hoy, Ruiz Uribe busca proyectarse como aspirante serio a la gubernatura de Baja California.
Pero esa aspiración carga con un antecedente que no se puede ignorar:
haber construido su posicionamiento político desde un cargo que exigía imparcialidad.
Y frente a eso, la pregunta ya no es política.
Es de confianza.
Porque si así se utilizó el poder cuando se tenía una delegación…
¿qué garantiza que no se hará lo mismo desde una gubernatura?