La designación de Catalino Zavala como vocero estatal de Morena en Baja California no pasó desapercibida. El nombramiento fue presentado como un movimiento para fortalecer la comunicación institucional del movimiento en el estado.
Sin embargo, lejos de generar consenso, la decisión abrió un debate incómodo dentro y fuera de Morena. Y no por falta de experiencia política del personaje, sino precisamente por el peso de su propio historial.
Catalino Zavala no es un improvisado. Ha sido diputado local, coordinador parlamentario, presidente del Congreso del Estado y también ocupó cargos relevantes dentro del gobierno estatal.
Es decir, estamos hablando de uno de los cuadros políticos más antiguos del morenismo bajacaliforniano. Un operador con décadas en la política local, con redes, poder territorial y experiencia en el manejo del aparato público.
Pero precisamente ahí comienza el problema.
Porque cuando un político con ese nivel de trayectoria asume la vocería de un partido que gobierna el estado, la pregunta no es si tiene experiencia para hablar… sino si tiene autoridad moral para hacerlo.
Y en las redes sociales esa duda apareció de inmediato.
Uno de los señalamientos más repetidos en la conversación digital es que Zavala ahora exige transparencia a los diputados locales y pide que justifiquen públicamente sus gastos, cuando durante sus propios periodos legislativos nunca fue precisamente un campeón de la rendición de cuentas.
En política, la memoria suele ser corta… pero el internet no olvida.
Los críticos lo dicen sin rodeos: pedir transparencia después de haber pasado cinco veces por el Congreso local sin convertir la rendición de cuentas en una bandera pública es, cuando menos, una contradicción difícil de explicar.
Y ese es el dilema de Morena en Baja California.
El partido decidió colocar como voz oficial a un político experimentado, pero también profundamente identificado con las viejas dinámicas del poder estatal. Una figura que representa continuidad política más que renovación discursiva.
La apuesta del partido parece clara: prefieren un operador político curtido que pueda defender la agenda del movimiento en momentos de confrontación pública.
Pero el costo también es evidente.
Porque cuando el vocero de un partido comienza su encargo rodeado de críticas sobre su propio pasado político, la conversación pública deja de girar alrededor del mensaje… y empieza a girar alrededor del mensajero.
Y en política, cuando eso ocurre, el problema ya no es de comunicación.
Es de credibilidad.