Olivaldo Paz preside la CANACO Tijuana mientras carga una historia pública marcada por denuncias penales, conflictos familiares expuestos y señalamientos que desde hace años cuestionan su autoridad moral. Y aun así, hoy la institución decide invitar a Eduardo Verástegui para hablar de valores, familia y moral. La ironía no podría ser más brutal.
Las primeras denuncias contra Olivaldo Paz datan de 2022, cuando fue señalado en denuncias por delitos de violencia familiar y violación. Posteriormente, en 2024, se difundieron nuevas acusaciones que incluían privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas y fraude, según publicaciones periodísticas que generaron fuerte polémica en el sector empresarial y político de Baja California.
El contexto que rodea estas denuncias no es menor. De acuerdo con lo publicado, los conflictos legales y mediáticos surgieron en medio de una disputa familiar por la herencia, donde incluso integrantes de su propia familia hicieron públicos audios y señalamientos de agresiones verbales y físicas. La controversia no fue un rumor aislado; fue un escándalo abierto que acompañó su llegada al liderazgo empresarial.
Desde el primer momento hubo voces dentro del propio empresariado que advirtieron el riesgo reputacional que implicaba colocar al frente de la CANACO a una figura rodeada de acusaciones tan graves.
Pero la institución decidió avanzar.
Hoy esa decisión regresa como un boomerang político.
Porque mientras la dirigencia empresarial carga con cuestionamientos éticos que nunca desaparecieron del debate público, la CANACO pretende convertirse en escenario de un discurso moralizante al traer a Eduardo Verástegui, un personaje conocido por su postura ultraconservadora, su narrativa anti derechos LGBT y su discurso polarizante.
La escena es casi caricaturesca.
Una dirigencia señalada públicamente por delitos graves organizando eventos sobre valores tradicionales.
Se habla de familia mientras se ignoran denuncias surgidas del propio entorno familiar.
Se habla de moral mientras se evita la discusión sobre la congruencia interna.
La doble moral no necesita explicación cuando se vuelve evidente.
Invitar a Verástegui no es un gesto neutral; es una toma de postura ideológica que coloca a la CANACO dentro de una guerra cultural ajena al propósito empresarial.
Y esa decisión adquiere un tono todavía más incómodo cuando quien encabeza la institución arrastra señalamientos que contradicen el discurso moral que ahora se pretende promover.
Porque el problema no es la pluralidad de ideas.
El problema es la incongruencia.
El empresariado organizado debería representar diversidad, inclusión y desarrollo económico, no convertirse en plataforma de agendas radicales.
La legitimidad institucional se construye con credibilidad, y la credibilidad se destruye cuando se ignoran las propias sombras mientras se exige pureza moral hacia afuera.
Hoy la CANACO parece atrapada en una paradoja: predicar valores desde un liderazgo cuestionado.
La moral selectiva siempre termina revelando algo más profundo: la incapacidad de mirar hacia adentro.
Y cuando una institución decide no hacerlo, pierde el derecho de señalar a los demás.
Porque no hay discurso sobre familia, valores o ética que pueda sostenerse cuando quienes lo impulsan arrastran denuncias que nunca han dejado de formar parte del debate público.
La pregunta incómoda permanece: ¿se trata de valores reales o de moral como espectáculo político?
Pero la incongruencia no termina ahí. Hace apenas unos días, Olivaldo Paz y el vicepresidente de CANACO, Héctor Riveros, protagonizaron un episodio que rápidamente escaló a polémica pública tras un altercado con policías municipales de Tijuana. Lo que inicialmente fue presentado por la cámara empresarial como una supuesta agresión policial terminó generando versiones encontradas y cuestionamientos sobre el verdadero papel que ambos desempeñaron en el incidente.
De acuerdo con lo difundido, Riveros fue sometido por un agente durante una intervención policial luego de que directivos de CANACO descendieran de su vehículo para cuestionar la detención de un ciudadano. La propia cámara presentó una denuncia por presunto abuso de autoridad, mientras organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciaron investigaciones tras la difusión del video del altercado.
Sin embargo, las imágenes y las críticas públicas también abrieron otra lectura política: que la intervención de los dirigentes empresariales podría haber cruzado la línea entre observación ciudadana e interferencia en funciones de seguridad pública. Algunos medios incluso señalaron acusaciones de usurpación de funciones o de intentar influir en la actuación policial, alimentando la percepción de un montaje mediático más que de una agresión espontánea.
El contexto político vuelve aún más delicada la situación. Tanto Olivaldo Paz como figuras cercanas dentro de la cámara han mostrado afinidad con actores que buscan posicionarse dentro de la contienda interna de Morena rumbo a la gubernatura de Baja California, lo que convierte cualquier confrontación pública con autoridades municipales en un episodio cargado de lectura política.
Así, el incidente deja de ser un simple altercado callejero y se convierte en una pieza más dentro de una narrativa mayor: confrontar, victimizarse y construir una imagen de persecución institucional mientras se intenta erosionar la autoridad del gobierno municipal. Y nuevamente aparece la pregunta inevitable: ¿defensa legítima o estrategia política disfrazada de agravio?
Porque al final, la doble moral no sólo se mide por lo que se dice en los discursos, sino por quién los pronuncia. Y cuando quienes hablan de valores cargan con sombras que nunca han sido aclaradas, el problema deja de ser ideológico y se convierte en político: la CANACO no sólo arriesga su credibilidad, sino que termina revelando que detrás del discurso profamilia puede esconderse simplemente una estrategia de poder.