La política en Baja California entró esta semana en una fase distinta, más áspera y mucho más delicada, tras confirmarse que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación federal abierta contra Carlos Torres Torres, operador político con largo historial en el estado y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. No se trata de un rumor ni de una filtración marginal: es un expediente federal que irrumpe directamente en el corazón del poder estatal.
El primer impacto no vino de los detalles del caso, sino de la confirmación pública. Marina del Pilar decidió reconocer la existencia de la investigación y fijar una postura institucional: respeto al debido proceso y confianza en la FGR. En términos formales, el mensaje es correcto; en términos políticos, es el inicio de una tormenta, porque en este nivel admitir es abrir la conversación nacional.
Del otro lado, Carlos Torres optó por una defensa conocida: atribuir el procedimiento a una denuncia anónima, sugiriendo un señalamiento sin rostro ni sustento. Es una narrativa útil para la arena mediática, pero limitada cuando el tema deja de ser opinión y se convierte en materia de investigación federal. En política, el problema no siempre es la verdad jurídica, sino el marco en el que se instala la discusión.
Ese marco se volvió especialmente explosivo por el tipo de delitos que han sido mencionados en la conversación pública: tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. Aunque no exista imputación formal ni resolución, el solo hecho de que estas palabras aparezcan asociadas al entorno del poder estatal tiene un efecto inmediato: erosiona confianza y debilita autoridad.
Aquí es donde el caso deja de ser personal y se vuelve político. Aunque hoy se hable de una relación terminada, Carlos Torres fue parte del círculo íntimo y político de la gobernadora. Para la opinión pública, las líneas entre lo privado y lo institucional no son tan claras. El ciudadano no analiza expedientes; analiza contextos.
La confirmación del divorcio aparece entonces como un movimiento de contención. Un intento de marcar distancia, de separar trayectorias y responsabilidades. Sin embargo, en política, las separaciones legales no borran los pasados compartidos, y menos cuando ese pasado estuvo vinculado al ejercicio del poder.
La oposición ya leyó el momento. No necesita probar culpabilidades; le basta con insistir en una idea sencilla y corrosiva: esto no es un asunto privado, es un tema de entorno de poder. Repetida con disciplina, esa narrativa puede desgastar incluso a gobiernos que no están directamente implicados en un expediente.
Desde la federación, Claudia Sheinbaum ha optado por una postura quirúrgica: no adelantar juicios, no defender, no condenar y remitir todo a la Fiscalía General de la República. Es una decisión política calculada. Evita que el tema escale a Palacio Nacional y deja claro que nadie será blindado desde arriba, al menos en el discurso.
Dentro de Morena, el caso incomoda. El partido enfrenta un dilema clásico: guardar silencio para no amplificar el golpe o fijar postura y abrir una grieta interna. Por ahora, domina la prudencia, pero la prudencia prolongada suele convertirse en vacío narrativo, y el vacío siempre lo llenan otros.
En Baja California, los efectos ya son visibles. Un gobierno en modo defensivo es un gobierno que pierde iniciativa. Las decisiones se ralentizan, los acuerdos se encarecen y la agenda pública comienza a girar alrededor de la contención, no del impulso. En política, eso es un síntoma claro de desgaste.
El mayor riesgo para Marina del Pilar no es legal, sino simbólico. Que su administración quede atrapada en la narrativa de un gobierno bajo sospecha, aun cuando ella no sea parte de la investigación. En un estado donde la seguridad es el principal termómetro social, cualquier duda se amplifica y cualquier error se vuelve estructural.
La pregunta de fondo ya no es qué ocurrirá con Carlos Torres, sino si el gobierno estatal logrará retomar el control del relato. Porque en política, cuando la conversación pública gira en torno a expedientes federales, el poder deja de ejercerse y comienza a defenderse. Y defenderse, casi siempre, es el primer paso hacia el desgaste prolongado.