La pérdida de 13 mil 399 empleos formales en Baja California durante 2025, confirmada por cifras del IMSS, no es un accidente ni un fenómeno externo imposible de prever. Es el resultado directo de una política económica estatal que ha fallado en su función más básica: proteger y fortalecer el empleo formal. Tras dos años consecutivos de recortes laborales, la realidad terminó por imponerse sobre el discurso oficial.
Desde finales de 2023, los indicadores ya advertían una desaceleración clara del mercado laboral. En 2024, la situación estalló con la pérdida de más de 16 mil empleos, y lejos de corregirse, el problema se profundizó en 2025. Aun así, la administración estatal optó por minimizar las señales de alerta, dejando que la crisis avanzara sin ajustes de fondo.
El empleo formal no es un dato menor. Es el principal reflejo de la actividad económica real, de la inversión, de la estabilidad empresarial y del bienestar de miles de familias. Ignorar su deterioro equivale a negar la realidad económica del estado, una práctica que hoy cobra factura.
Los propios datos oficiales refuerzan este escenario adverso. El INEGI reportó una caída del 1% anual en la actividad económica de Baja California durante el segundo trimestre de 2025, mientras que el Banco de México alertó sobre una contracción del 1.2% en la región fronteriza norte. La suma de estos factores apunta a una posible recesión técnica, lejos de cualquier narrativa de crecimiento.
En este contexto, la responsabilidad directa recae en la Secretaría de Economía e Innovación, encabezada por Kurt Ignacio Honold Morales, quien tiene bajo su encargo la atracción de inversiones, la promoción económica y, sobre todo, la generación de empleo en el estado. Los resultados, sin embargo, muestran un saldo negativo que contrasta con los objetivos de su propia dependencia.
Lejos de implementar medidas contracíclicas o incentivos reales para sostener el empleo, el gobierno estatal mantuvo y profundizó una política recaudatoria agresiva, particularmente a través del Impuesto Sobre Nómina, cuya tasa del 4.25% es la más alta del país. Esta carga fiscal ha golpeado directamente a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, principales generadoras de empleo.
El mensaje implícito ha sido claro: recaudar primero y corregir después, aun cuando los indicadores muestran que las empresas están cerrando y los empleos desapareciendo. En lugar de estimular la inversión, la política económica estatal ha terminado por desalentarla.
Más alarmante aún es que, en la exposición de motivos del presupuesto estatal, la crisis laboral prácticamente no existe. El gobierno proyecta recaudar 12 mil 198 millones de pesos por ISN en 2026, un incremento del 4.44% respecto a 2025, como si el mercado laboral estuviera en expansión y no en contracción.
Esta desconexión entre la planeación fiscal y la realidad económica refleja una falta de diagnóstico serio desde la Secretaría de Economía e Innovación. Apostar a mayores ingresos en un entorno de pérdida de empleos no solo es riesgoso, sino insostenible en el mediano plazo.
Baja California enfrenta hoy las consecuencias de una política económica que priorizó la recaudación sobre la generación de empleo. El deterioro del mercado laboral no es casualidad: es el resultado de decisiones —y omisiones— que tienen nombre y cargo, y que hoy colocan al estado ante uno de sus mayores desafíos económicos en más de una década.