La posible llegada de Mónica Vega a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) ha encendido alertas en el ámbito político local. No por el simple movimiento administrativo, sino por lo que representa: la repetición de un patrón donde los cargos públicos se utilizan como plataformas de proyección personal, más que como espacios de servicio y responsabilidad institucional.
A lo largo de su carrera, Mónica Vega ha transitado por distintos partidos políticos: PAN, Partido Encuentro Social, Transformemos, Partido Verde Ecologista de México y actualmente Morena. Este recorrido no habla de evolución ideológica, sino de una constante reconfiguración política que ha generado cuestionamientos sobre la solidez de su proyecto y la coherencia de su trayectoria.
Fue dos veces regidora del Ayuntamiento de Tijuana, cargos desde los cuales no se identifican políticas públicas de alto impacto ni resultados que hayan marcado un antes y un después para la ciudad. Su paso por el Cabildo fue discreto, sin reformas estructurales ni acciones que hoy puedan señalarse como referentes de gestión.
Posteriormente asumió la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, desde donde tampoco se registraron transformaciones de fondo en materia ambiental. No hubo programas emblemáticos, ni políticas públicas que hoy puedan ser señaladas como legado. Su gestión pasó sin dejar huella relevante en uno de los sectores más sensibles para la entidad.
Tras dejar ese cargo, buscó una candidatura al Senado por el Partido Verde, intento que no prosperó. Aun así, su nombre volvió rápidamente a colocarse dentro de la administración pública, lo que alimenta la percepción de que su carrera política se sostiene más por acomodos que por resultados.
Ahora, su posible arribo a la CESPT genera inquietud. No se trata de una dependencia menor: es una institución estratégica, responsable de garantizar el acceso al agua, enfrentar crisis de infraestructura y responder a una ciudadanía cada vez más inconforme. No es un espacio para improvisaciones ni aprendizajes sobre la marcha.
El riesgo es evidente: convertir a la CESPT en un trampolín político rumbo a futuras aspiraciones electorales. Cuando una institución se utiliza como plataforma de proyección personal, el interés público pasa a segundo plano y la operación cotidiana se resiente.
Además, el historial de cambios partidistas —PAN, PES, Transformemos, PVEM y ahora Morena— refuerza la percepción de que la prioridad ha sido la permanencia en el poder, más que la construcción de una agenda sólida y coherente de largo plazo.
En un contexto donde la ciudadanía exige resultados, eficiencia y transparencia, este tipo de movimientos generan desconfianza. La gente no espera discursos ni acomodos, espera soluciones a problemas reales como el desabasto de agua, la mala infraestructura y la falta de planeación.
La pregunta, entonces, no es personal sino institucional: ¿qué mérito concreto respalda esta posible designación? ¿Qué resultados tangibles justifican colocar a Mónica Vega al frente de una de las áreas más sensibles del gobierno estatal?
Si la respuesta no es clara, el mensaje que se envía es preocupante. Porque cuando los cargos se convierten en escalones políticos, quien pierde no es la clase política, sino la ciudadanía que sigue esperando gobiernos eficaces y comprometidos.
Y en ese escenario, la CESPT corre el riesgo de convertirse, una vez más, en un trampolín político y no en la institución fuerte y técnica que Baja California necesita.