Baja California acaba de cruzar una línea roja: la pérdida de 21 mil 320 empleos formales en un solo año, el peor dato en dieciséis años. No es un tropiezo, es un derrumbe del mercado laboral y comienza a desplazar a otras preocupaciones de la población como uno de los temas que el gobierno debe atender con urgencia. Se trata del sustento de miles de familias bajacalifornianas.
De nueve actividades económicas que mide la autoridad, siete están en rojo. La Industria de la Transformación se llevó la peor parte con alrededor de 11 mil puestos menos; le siguen Servicios para Empresas, con más de 4 mil 400despidos, y la Construcción, que se queda sin más de 3 mil trabajadores. Transporte, agricultura, industrias extractivas y servicios sociales también recortaron personal.
Sólo el Comercio, con unos 2 mil 800 empleos nuevos, y la Industria Eléctrica y de Captación, con apenas un centenar de plazas adicionales, alcanzaron a asomarse a la orilla. El resto del barco hace agua por todos lados mientras el gobierno insiste en que “todo va bien”.
Detrás de cada cifra hay una historia: familias que pierden el ingreso, créditos que ya no se pueden pagar, trabajadores que regresan a la informalidad y empresas que prefieren cerrar antes que seguir cargando con una política económica que no les deja respirar. Eso también es responsabilidad de quienes hoy ocupan el poder.
En medio de esta crisis aparece el personaje clave: Kurt Honold, secretario de Desarrollo Económico de Baja California. Ex alcalde, empresario, presentado como el gran operador para atraer inversión y aprovechar el nearshoring. En los hechos, el “estratega” económico del gobierno termina firmando la peor caída de empleos en más de una década.
Porque mientras las cifras se van al sótano, el discurso oficial presume “clima de confianza”, “atracción de inversiones históricas” y “más oportunidades para todos”. El contraste es brutal: el papel dice una cosa, los despidos masivos en maquilas, constructoras y servicios dicen otra.
A esto se suma algo que el sector productivo comenta en voz baja y que ya se volvió secreto a voces en el Congreso: la actitud arrogante y prepotente de Kurt Honold. No escucha, regaña, minimiza. Varios diputados se quejaron directamente con la gobernadora de que el secretario llega a comparecer como si les estuviera haciendo un favor, no como funcionario obligado a rendir cuentas.
Ese estilo altanero no sólo ofende a los legisladores: manda una señal equivocada a quienes generan empleo. Funcionarios que desprecian la crítica y que reaccionan con soberbia ante las preguntas incómodas son los peores aliados posibles para la inversión. Así no se construye confianza; se espanta.
Es cierto que hay factores externos: desaceleración global, tensiones comerciales, incertidumbre internacional. Pero lo que está pasando en Baja California no se explica sólo por el mundo. Aquí pesan la carga fiscal, la maraña de trámites, la falta de incentivos reales y una aplicación torpe de las reformas laborales que ha terminado empujando a muchos a la informalidad.
Cuando han tenido oportunidad de explicar la estrategia, las respuestas de Honold han sido evasivas, enredadas o francamente despectivas. Ni en comparecencias ni ante los organismos empresariales ha presentado un plan serio de rescate del empleo, con metas claras y tiempos definidos. Todo se reduce a lugar común, autoelogio y malos modos.
Mientras tanto, otros estados compiten agresivamente por las nuevas plantas, ofrecen certidumbre y estímulos, y se quedan con los proyectos que antes veían a Baja California como su primera opción. El mensaje es devastador: la frontera que presumía dinamismo se está quedando atrás por errores propios.
La factura social ya se siente. Menos empleos formales significan menos seguridad social, menos consumo, más presión en colonias donde la economía informal se convierte en la única salida. Y todos sabemos qué terreno fértil suelen encontrar ahí los grupos criminales.
La gobernadora Marina del Pilar puede seguir blindando políticamente a su secretario o puede reconocer que la realidad superó al discurso. No se trata de un pleito personal: se trata de quién asume la responsabilidad de enderezar el rumbo antes de que la crisis laboral se convierta en crisis política.
La honestidad también se mide en la capacidad de decir: “la estrategia falló”. Lo que Baja California necesita es un plan de emergencia para recuperar empleos, revisar cargas regulatorias, acompañar de verdad a micro y pequeñas empresas y dar señales claras de respeto y diálogo con quien arriesga su capital.
Si 2025 cerró con el peor saldo en 16 años, la pregunta es brutal pero necesaria: ¿qué va a pasar en 2026 si todo sigue igual? ¿Cuántos jóvenes más se quedarán sin primera oportunidad? ¿Cuántos negocios más tendrán que bajar la cortina antes de que alguien en Palacio de Gobierno admita que hay un problema?
Porque al final, las cifras no mienten: la peor crisis de empleo formal en décadas no es un accidente ni una mala semana; tiene responsable directo en el gabinete económico. Y ese responsable se llama Kurt Honold. El empleo se está cayendo a pedazos, y ya no alcanza el discurso —ni la arrogancia— para ocultarlo.