El hombre que sueña con gobernar Baja California arrastra un expediente que no cabe en los espectaculares ni en los discursos de “primero los pobres”. El millonario negocio inmobiliario que hoy rodea a Jesús Alejandro Ruiz Uribe no se entiende sin el nombre de su padre, el profesor Jesús Ruiz Barraza. Detrás de un moderno complejo de departamentos en Mexicali aparece una cuenta bancaria a nombre del maestro ya fallecido y una operación que, lejos de parecer transparente, abre más preguntas que certezas.
El eje del caso revelado por un medio local es un predio de 3,682 metros cuadrados ubicado en la avenida Hamburgo del fraccionamiento Villafontana, a espaldas de la II Región Militar. Ese terreno, que en su momento se justificó como espacio para una escuela, fue vendido en más de 11.1 millones de pesos a la empresa Altitud 3 Inmobiliaria, propiedad del empresario Milton Adán Rubio Díaz.
La compraventa se firmó cuando Ruiz Uribe todavía ocupaba el cargo de delegado federal de Bienestar en Baja California. Es decir, mientras administraba programas sociales y se movía en la estructura de la 4T, al mismo tiempo cerraba un negocio privado de varios millones de pesos con un actor ligado al viejo régimen político y a proyectos marcados por la opacidad.
El contrato establece pagos en varias exhibiciones, pero con un detalle clave: las transferencias no se dirigieron al funcionario, sino a una cuenta de Banorte abierta a nombre del profesor Jesús Ruiz Barraza. El maestro murió el 29 de julio de 2023 y, aun así, el documento se inscribió en el Registro Público apenas dos días después de su fallecimiento, con pagos programados hasta enero de 2024, cuando él ya tenía medio año de haber sido sepultado.
Hoy, sobre ese mismo terreno se levanta un complejo de 46 departamentos que ya se ofrecen en preventa. Los precios van desde los 2.7 hasta los 5 millones de pesos por unidad, convirtiendo lo que en el papel era un proyecto escolar en un negocio inmobiliario de alta rentabilidad, ubicado en una de las zonas con mayor plusvalía de Mexicali.
Pero el nombre del profesor Jesús Ruiz Barraza no es nuevo en el mapa de la tierra en Baja California. En 1996adquirió un predio de alrededor de 30 mil metros cuadrados en la Tercera Etapa del Río Tijuana, junto al Templo Mormón, con la idea de construir un nuevo campus universitario. Pagó 650 mil dólares y años después denunció que, mediante resoluciones judiciales, lo despojaron de un terreno que él mismo calculaba ya en varios millones de dólares.
Registros municipales y notariales también lo muestran como “donante” en operaciones donde transfiere inmuebles completos al municipio de Playas de Rosarito, confirmando que el maestro no sólo compraba, sino que también negociaba y cedía terrenos al sector público cuando así convenía a sus proyectos. Se trata de un perfil atípico: educador, rector y, al mismo tiempo, jugador de alto nivel en el negocio de la tierra.
Durante décadas, el profesor Ruiz Barraza construyó una imagen de forjador de generaciones, impulsor de preparatorias y universidades, mientras en paralelo consolidaba un patrimonio basado en predios de gran tamaño, litigios prolongados y acuerdos con autoridades. Esa trayectoria explica por qué su nombre sigue pesando, incluso después de muerto, en las operaciones de su hijo Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
El problema para Jesús Alejandro Ruiz Uribe no es sólo moral, sino legal. En sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024 no aparece registrado ingreso alguno por venta de bienes, pese a que la operación del predio de Villafontana se concretó en esos años. En ambos formatos, el ex delegado marcó “cero” en el apartado de enajenación de inmuebles, ignorando la obligación de transparentar ventas de terrenos o casas.
Del otro lado del escritorio aparece Milton Adán Rubio Díaz, empresario, ex candidato y viejo conocido de los círculos de poder de Baja California. Fue responsable de la polémica planta desaladora que buscaba vender agua a Estados Unidos y ahora figura como dueño de la inmobiliaria que levanta los 46 departamentos en el predio ligado a la familia Ruiz. El negocio une, en un mismo plano, al viejo PRI empresarial con la nueva burocracia de la 4T.
Políticamente, el mensaje es devastador: mientras se pedía a la población “apretarse el cinturón”, un alto funcionario federal cerraba una operación millonaria fuera de foco, escondiendo los ingresos y usando la cuenta de su padre recién operado y, poco después, fallecido. La narrativa de “primero los pobres” queda desmentida por los planos arquitectónicos del nuevo desarrollo y por las cifras que se mueven en silencio entre notarios y bancos.
Al final, el legado del profesor Jesús Ruiz Barraza queda partido en dos: el del maestro que dejó aulas, generaciones y reconocimientos, y el del nombre que hoy aparece como vehículo bancario de un negocio inmobiliario no declarado por su propio hijo. Y mientras Jesús Alejandro Ruiz Uribe recorre el estado vendiéndose como futuro gobernador de Baja California, sigue sin explicar cómo, cuándo y por qué se acomodó en la sombra de su padre un negocio de 46 departamentos y más de 11 millones de pesos que nunca aparecieron en sus cuentas oficiales.