Edgardo Flores Campbell es uno de los exfuncionarios más oscuros de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue pieza clave en el aparato de seguridad que protegió a Genaro García Luna, el policía más corrupto en la historia de México, y desde puestos estratégicos —como auditor interno y titular de Asuntos Internos de la Policía Federal— permitió que la corrupción, la infiltración criminal y el colapso institucional avanzaran sin freno. Hoy, ese mismo personaje pretende presentarse en Baja California como “experto ciudadano” en seguridad, como si su historia no fuera un archivo completo de omisiones, blindajes y privilegios.
Antes de reaparecer como “ciudadano ejemplar”, Edgardo Flores Campbell formó parte del círculo de funcionarios que blindaron al hombre que hoy es considerado el policía más corrupto en la historia de México: Genaro García Luna. Su rol como auditor interno en la Secretaría de Seguridad Pública coincidió con la época en la que García Luna construyó una red de lealtades, omisiones y blindajes institucionales que permitieron la infiltración criminal y el deterioro absoluto de la Policía Federal. En ese periodo se documentaron denuncias que quedaron enterradas, expedientes que nunca avanzaron y un aparato de supervisión que operó más como tapadera que como contrapeso. Y en el centro de todo, estaba él.
A esto se sumó un patrimonio inexplicable que encendió alertas: una mansión valuada en más de 30 millones de pesos en Bosques de las Lomas, cuyo origen jamás ha sido aclarado. Mientras la Policía Federal acumulaba casos de corrupción, abusos y colusión criminal, Flores Campbell vivía entre lujos que no correspondían a sus ingresos como servidor público. Las investigaciones periodísticas lo señalaron como parte de ese sistema de enriquecimiento opaco que caracterizó a la élite de seguridad del sexenio calderonista. Hoy, ese mismo hombre —acusado de omisiones, corrupción y blindaje institucional— pretende ofrecer consejos de seguridad en Baja California, como si su pasado fuera irrelevante.
Ahora se presenta como la voz ciudadana, como vigilante de la integridad pública y defensor de la justicia. Pero su pasado —ese que ahora intenta borrar con discursos solemnes— cuenta una historia muy distinta.
Como olvidar que Flores Campbell fue funcionario central durante los años más turbios de la policía mexicana. Su tarea era vigilar, detectar y frenar irregularidades. Pero la historia oficial está plagada de denuncias que jamás vio, jamás oyó y jamás atendió.
Ese periodo —hoy considerado como la peor época de la Policía Federal— está marcado por corrupción, opacidad y colusión criminal. Aun así, Flores Campbell emergió sin raspaduras, sin explicaciones y sin un solo acto de autocrítica. Su silencio fue tan estruendoso como los escándalos que rodearon a la corporación.
Luego dio el salto al CISEN, donde encabezó la Dirección General de Contrainteligencia. Otra posición extremadamente delicada, de acceso privilegiado a información reservada y operaciones sensibles. Tampoco ahí dejó rastro de resultados verificables. Lo único constante fue su habilidad para navegar entre sexenios sin que nada lo tocara, como si la crisis de seguridad mexicana fuera obra de fantasmas y no de quienes tenían la responsabilidad de frenarla.
Más tarde regresó al corazón de la Policía Federal como titular de Asuntos Internos, el área encargada de depurar, sancionar y expulsar a los corruptos. Aquello coincidió con una etapa en la que la corporación acumulaba denuncias por abusos, extorsiones, detenciones irregulares y vínculos criminales. Su oficina, sin embargo, quedó marcada por la inacción: investigaciones congeladas, expedientes dormidos y un discurso administrativo que jamás se tradujo en consecuencias.
Su nombre también apareció en notas sobre presunto enriquecimiento inexplicable. Una mansión en Bosques de las Lomas, valuada en millones de dólares, sobresalía por su incongruencia frente a los sueldos de la función pública. Mientras agentes eran enviados al campo con salarios precarios, Flores Campbell llevaba una vida de lujos que nadie en la institución podía explicar. Él nunca lo hizo.
A pesar de esas sombras, en 2016 intentó convertirse en Fiscal Anticorrupción, una aspiración que mostraba más temeridad que mérito. No lo logró. Pero el intento evidenció lo que hoy es imposible ignorar: desde hace años busca presentarse como autoridad moral en un país que recuerda demasiado bien a quienes hundieron las instituciones.
Lo inquietante es que ahora, desde Baja California, trata de reposicionarse como referente ético. Como si su currículum no estuviera atado a la etapa más devastadora de la Policía Federal. Como si la memoria colectiva fuera un trámite. Como si su pasado no fuera un lastre, sino un escalón para sostener discursos que ahora pronuncia con soltura.
En Tijuana ha reaparecido como presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, un espacio donde se vende como imparcial, técnico y “comprometido con la ciudadanía”. En entrevistas repite que su labor es apartidista y que la transparencia es indispensable. Palabras correctas, sin duda. Pero pronunciadas por un hombre cuya propia trayectoria contradice cada una de ellas.
Esta estrategia de reinvención no es accidental. En un estado donde la percepción de inseguridad es alta y donde cualquier voz que prometa orden tiene espacio, Flores Campbell intenta construir autoridad moral. Quiere ser visto como experto, como referente, como heredero de una supuesta “experiencia federal” —aunque esa experiencia esté marcada por la opacidad, la negligencia y la falta de resultados.
Lo que resulta ineludible es la contradicción: el hombre que nunca vio la corrupción bajo su propio techo, ahora exige cuentas a los demás. El funcionario que no depuró a la Policía Federal, hoy reclama depuración municipal. El contralor que no detectó irregularidades millonarias, ahora exige transparencia absoluta. La ironía se escribe sola.
A nivel local, su presencia comienza a generar ruido. Quienes conocen la historia policial del país observan con sorpresa —y desconfianza— su intento de presentarse como paladín de la ética pública. Baja California, sin embargo, tiene memoria: sabe que muchos de los personajes que hoy se visten de “ciudadanos” vienen de estructuras que precisamente colapsaron la confianza institucional.
La pregunta inevitable es: ¿qué pretende realmente Flores Campbell en Baja California? ¿Por qué elegir este momento para reaparecer? ¿A quién beneficia su narrativa? ¿Por qué buscar una plataforma desde la sociedad civil cuando su historial está amarrado a expedientes federales que él mismo nunca quiso revisar?
Su trayectoria también arrastra un elemento que él evita mencionar: sus vínculos históricos con administraciones panistas en Baja California. Aunque no aparece como operador partidista, su carrera se desarrolló bajo cobijo de gobiernos del PAN tanto a nivel federal como en dependencias donde la influencia panista era dominante. Su ingreso al aparato de seguridad coincidió con los años en que el PAN gobernaba el estado y controlaba buena parte de la estructura de seguridad regional, lo que lo integraba en la red política y administrativa asociada a dicho partido.
Diversas notas periodísticas señalan que, al reaparecer en Tijuana, Flores Campbell fue cuestionado por evadir su larga relación con gobiernos del PAN. Su discurso de “ciudadanización” parece diseñado para borrar ese pasado: un pasado de cargos obtenidos durante administraciones panistas y una afinidad institucional que acompañó su ascenso. Ese intento de distanciamiento resulta revelador: muestra que comprende perfectamente que su cercanía histórica con el PAN en Baja California no le ayuda en un escenario político donde ese partido perdió legitimidad y poder.
Mientras tanto, él sigue construyendo su nueva fachada pública. Pero una pregunta permanece al centro: ¿de verdad Edgardo Flores Campbell representa a la ciudadanía… o simplemente está aprovechando que el olvido siempre tiene quien lo financie? La justicia no se proclama: se demuestra. Y hasta hoy, él no ha demostrado nada.
Solo le compra el cuento quien no sabe quién es.