El monumento conocido como el Cocinero Chino —rebautizado en redes como el cochinero chino— debía ser la pieza central del proyecto de renovación del Barrio Chino de Mexicali. Su construcción se anunció como un homenaje a la comunidad china y como parte de los esfuerzos de revitalización urbana impulsados desde distintos frentes políticos del estado. Sin embargo, a más de un año de retraso, la obra sigue inconclusa y todo indica que no estará lista esta Navidad, convirtiéndose en uno de los escándalos públicos más visibles de la capital.
Uno de los actores clave en el origen de este proyecto fue Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Durante su etapa como figura influyente en la estructura estatal, Torres Torres fue uno de los principales promotores de la modernización del centro histórico y del Barrio Chino, respaldando los primeros trazos de lo que sería el monumento. Su involucramiento temprano dejó una huella política difícil de borrar, especialmente ahora que la obra se ha convertido en sinónimo de retrasos y mala planeación.
A nivel estatal, la propia Marina del Pilar Ávila Olmeda queda indirectamente vinculada al proyecto debido a la participación de su entonces círculo político cercano y a la intervención de las áreas de cultura del gobierno. Aunque no aparece como firmante del contrato, la obra nació dentro del ecosistema político que ella encabeza, lo que amplifica el costo reputacional para su administración y alimenta la narrativa de que el gobierno estatal impulsa proyectos simbólicos sin garantizar su correcta ejecución.
La Secretaría de Cultura de Baja California, encabezada por Alma Delia Ábrego, también figura en esta cadena de responsabilidades. Desde su oficina se avaló públicamente la pertinencia cultural del monumento y se defendieron en su momento los plazos de construcción. Con la obra ahora atorada, esta intervención luce contraproducente, pues refuerza la percepción de que el gobierno estatal respaldó un proyecto sin supervisión efectiva ni control sobre su cumplimiento.
En el ámbito municipal, la responsabilidad cae directamente sobre la alcaldesa Norma Bustamante Martínez, quien autorizó las diversas ampliaciones de plazo y estableció la fecha del 31 de diciembre como límite definitivo para la entrega. Su administración ha sido señalada por la falta de supervisión, por otorgar prórrogas sin resultados visibles y por permitir que la obra se convierta en un punto de tensión entre ciudadanía y gobierno local.
El Fideicomiso del Centro Histórico, bajo la coordinación de Fernando Joel Félix Torres, también tiene participación central en este caso. Fue esta instancia la que aprobó los recursos, avaló la adjudicación del proyecto y respaldó los cambios de calendario sin lograr que el monumento avanzara a un ritmo adecuado. Para muchos mexicalenses, el Fideicomiso se convirtió en el símbolo institucional de la falta de control y de un uso incierto de los recursos destinados al proyecto.
A medida que las semanas avanzan, el monumento muestra apenas progresos superficiales mientras mantiene pendientes estructurales evidentes. La zona luce como obra en abandono intermitente, con periodos de actividad mínimos y pausas prolongadas que hacen imposible pensar en una entrega navideña. Esta imagen se repite a diario en redes sociales, donde los ciudadanos comparten fotografías que refuerzan el mote popular del cochinero chino.
El desgaste político se ha vuelto inevitable. Para los actores vinculados a su promoción —desde Torres Torres hasta la Secretaría de Cultura— el proyecto pasó de ser un gesto cultural a un recordatorio constante de fallas administrativas y decisiones tomadas sin previsión técnica. Para la alcaldesa de Mexicali, el caso amenaza con convertirse en un lastre de fin de administración, pues muestra una obra visible, cara y sin resultados.
El impacto también alcanza al gobierno estatal, que enfrenta cuestionamientos sobre el uso de la identidad cultural como bandera administrativa. La narrativa de cercanía con la gente y promoción de la historia local se ve debilitada cuando uno de sus símbolos más publicitados se convierte en un ejemplo de improvisación y mala ejecución.
Mientras tanto, Mexicali cierra el año con un monumento inconcluso y sin una fecha realista de inauguración. Lo que nació como un homenaje cultural ahora se lee como una muestra del desorden institucional y de la falta de eficiencia entre autoridades municipales y estatales. A menos que ocurra un milagro de último momento —algo que no se observa en obra— la ciudad despedirá el año con un recordatorio de que las decisiones políticas importan, y que el cochinero chino es ya parte del legado público de quienes lo impulsaron.