El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló este 18 de septiembre que Rosarito, Baja California, se ha convertido en un punto neurálgico para las operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como Los Mayos. En el centro de este entramado aparecen la exalcaldesa de la ciudad, Hilda Araceli Brown Figueredo, y el empresario Jesús González Lomelí, propietario de bares y restaurantes en la región.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Rosarito no solo funge como corredor clave para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, sino también como plataforma de lavado de dinero mediante negocios aparentemente legales, entre los que destacan centros nocturnos, marisquerías y complejos turísticos controlados por González Lomelí.
El informe señala que González, considerado un “magnate de negocios en Rosarito”, utilizó establecimientos como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán para lavar millones de dólares en nombre de los hermanos Arzate —jefes regionales de Los Mayos—, así como de otros altos mandos del cártel, incluido Juan José Ponce Félix, alias El Ruso.
La revelación más delicada apunta directamente al ámbito político. Según el Tesoro estadounidense, González y el operador político Candelario Arcega Aguirre ejercieron influencia sobre la administración municipal de Rosarito durante el gobierno de Araceli Brown, utilizando su cercanía personal con la entonces alcaldesa para garantizar protección institucional a las actividades del cártel.
El documento detalla que Brown, junto con González y Arcega, fungieron como intermediarios entre el ayuntamiento y los hermanos Arzate, facilitando pagos de extorsión, control de áreas clave del gobierno local y respaldo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a favor de las operaciones criminales en el municipio.
“Durante el mandato de Brown en Rosarito, González y Arcega sirvieron de puente con el Cártel de Sinaloa, asegurando que los intereses de Los Mayos se mantuvieran protegidos desde el propio gobierno municipal”, establece el comunicado del Tesoro.
La sanción incluye no solo a Brown y González, sino también a los hermanos Mario Alberto y Karlo Omar Herrera, operadores en la zona, quienes en conjunto integran lo que las autoridades estadounidenses identifican como la red de Playas de Rosarito del Cártel de Sinaloa.
En paralelo, OFAC anunció el congelamiento de al menos 14 empresas ligadas a González, entre ellas grupos hoteleros, operadores de espectáculos y restaurantes, lo que refuerza la tesis de que el aparato financiero del cártel se apoyó en el sector turístico y gastronómico de Rosarito para sostener sus operaciones ilícitas.
Con esta designación, tanto Brown como González y sus empresas pasan a la lista negra del gobierno de Estados Unidos, lo que implica el bloqueo de todos sus bienes en territorio estadounidense y la prohibición de que cualquier ciudadano o empresa norteamericana realice transacciones con ellos.
Las acusaciones reveladas desde Washington reafirman que Rosarito, más allá de ser un destino turístico binacional, se ha convertido en un foco de interés para la política de seguridad internacional, debido a la combinación de corrupción local, intereses empresariales y presencia del crimen organizado.