Noticia Frontera

Millonario desfalco en el gobierno de Montserrat Caballero en Tijuana

La cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de Tijuana revela un posible quebranto por más de mil millones de pesos durante la administración de la exalcaldesa

Tijuana, B.C. – La revisión a la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de Tijuana destapó un grave entramado de irregularidades financieras y administrativas que podrían constituir uno de los peores casos de corrupción institucional en la historia reciente de la ciudad.

El ejercicio, correspondiente al último año de gestión de la exalcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, fue reprobado por el Congreso del Estado y arrojó observaciones por más de mil 48 millones de pesos en recursos públicos mal ejecutados, no justificados o adjudicados de manera irregular.

Asociaciones beneficiadas sin cumplir requisitos

Uno de los señalamientos más delicados apunta a la entrega de 38 millones de pesos a asociaciones civiles que no cumplían con los requisitos para recibir recursos del programa Fondos Tijuana. Las organizaciones beneficiadas tenían adeudos previos y sus proyectos no estaban vinculados al desarrollo económico del municipio, como exige el fideicomiso.

Además, se detectó que otros 22 apoyos fueron entregados con irregularidades, varios de ellos autorizados simultáneamente, sin criterios técnicos. Incluso se otorgaron más de 4 millones de pesos a proyectos sin impacto verificable.

Software duplicado y pagos sin evidencia

La revisión también expuso una doble contratación de software: un primer sistema de monitoreo adquirido por 103 millones de pesos y licencias por otros 5.3 millones, junto con un segundo programa por 92.9 millones, que presentó fallas en la emisión de información y resultó innecesario, ya que el Ayuntamiento ya contaba con un sistema funcional desde el inicio de la administración.

Simultáneamente, se descubrió el pago de 13.4 millones en cheques a nombre del administrador de presidencia por concepto de caja chica, así como 11.3 millones pagados a un proveedor sin contrato por consultorías administrativas.

Omisión de pagos institucionales y simulación

El Ayuntamiento retuvo 32.2 millones de pesos en cuotas al personal de base, sin entregarlas al ISSSTECALI, pese a que la exalcaldesa había declarado públicamente estar al corriente. También se omitió transferir a la Secretaría de Desarrollo Económico los recursos recaudados del programa “Pase Médico”.

Asimismo, se detectó la adjudicación directa de 210 millones de pesos a siete proveedores sin justificación, eludiendo procesos de licitación pública. Esta misma práctica se repitió con otros dos proveedores por más de 4.3 millones, en violación a los procedimientos establecidos.

Bienes sin formalizar y pagos por maquinaria no comprobada

El municipio recibió 63 predios en donación de empresas desarrolladoras sin formalizar la propiedad legal, lo que representa un riesgo patrimonial. También se realizó un pago indebido de 750 mil pesos por un rodillo vibratorio, sin que existiera evidencia documental de su uso.

Por otro lado, se reportaron consultorías sin sustento, duplicidad en la ejecución de servicios, pagos en exceso y fideicomisos sin movimientos financieros, lo que refuerza la sospecha de simulación y uso discrecional de los recursos públicos.

Reprobada por tercer año consecutivo

El dictamen legislativo confirma que es la tercera cuenta pública consecutiva reprobada del gobierno de Caballero. En total, se aplicaron 28 procedimientos, de los cuales ocho tuvieron observaciones graves y dos no fueron aclarados.

Pese a ello, durante el mismo año auditado, la administración reportó ingresos por 12 mil 102 millones de pesos y egresos por 11 mil 095 millones, lo que indicaría un ahorro aparente de más de mil millones, sin embargo, el uso real de esos recursos permanece bajo serias dudas.

Investigaciones en curso

Diversos elementos de este caso ya están bajo investigación por parte de autoridades fiscalizadoras y la Fiscalía Anticorrupción. Se prevé que en los próximos meses se definan posibles responsabilidades administrativas y penales, tanto para exfuncionarios como para proveedores beneficiados.

Mientras tanto, la exalcaldesa ha reaparecido públicamente a través de redes sociales, lanzando críticas al interior del mismo partido político que la llevó al poder, mientras el desorden financiero de su administración sigue acumulando señalamientos.

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