Baja California, Chihuahua y Sonora entre los más afectados por los recortes; alertan impacto en servicios y proyectos locales
La Federación ha retrasado la entrega de más de 5 mil millones de pesos en aportaciones federales programadas para los estados, lo que ha generado un déficit preocupante en las finanzas públicas de todo el país. El norte de México ha sido particularmente golpeado por esta disminución de recursos, con estados como Baja California, Chihuahua y Sonora encabezando la lista de los más afectados.
De acuerdo con cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Baja California ha recibido hasta febrero 4 mil 220.3 millones de pesos, lo que representa un 0.8% menos de lo calendarizado. Aunque el porcentaje parece menor en comparación con otras entidades, la suma acumulada representa una presión directa para el cumplimiento de compromisos estatales.
Chihuahua, por su parte, recibió 5 mil 345.7 millones de pesos, es decir, un 3.2% menos de lo pactado, siendo uno de los recortes más severos en el norte. A esta disminución se suma una drástica caída en las transferencias federales vía convenios desde 2015, pasando de 3 mil 546 millones a apenas 165 millones de pesos en 2025 —una caída del 95%—, lo que ha encendido las alarmas sobre el modelo de financiamiento federal.
En Sonora, el panorama también es preocupante, con una reducción del 1.6%, al recibir solo 3 mil 563.1 millones de pesos. Tamaulipas ha visto mermado su ingreso en 2.6%, con 5 mil 116.4 millones distribuidos. Mientras tanto, Nuevo León ha sido ligeramente afectado con un recorte del 0.2%, recibiendo 4 mil 860.3 millones de pesos.
A nivel nacional, el gobierno federal que encabeza la morenista Claudia Sheinbaum Pardo ha dejado de dispersar 5 mil 196.1 millones de pesos, un 3% menos de lo que tenía previsto distribuir hasta febrero de 2025. Esta cifra es casi equivalente al presupuesto total que ejercerá Mexicali este año, lo que dimensiona el tamaño del recorte.
El retraso y la reducción en las transferencias han generado incertidumbre en las finanzas locales, especialmente en los gobiernos del norte del país, donde la presión por sostener programas sociales, infraestructura y servicios esenciales continúa en aumento.
Analistas advierten que este panorama podría limitar el desarrollo regional y profundizar las brechas entre entidades, además de abrir un debate urgente sobre el modelo de federalismo fiscal vigente en México.
