Un juez determinó que existen elementos para procesar a Bonilla, exgobernador de Baja California, por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones en el caso Next Energy; pagó una garantía de 100 mil pesos tras una audiencia de casi 24 horas.
Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el proyecto de la planta fotovoltaica impulsado durante su administración.
De acuerdo con información publicada por medios como La Silla Rota, Excélsior y Expansión Política, el exmandatario enfrentará el proceso en libertad tras el pago de una garantía económica de 100 mil pesos, luego de que un juez de control determinara que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal.
El proceso judicial en su contra inició el lunes 23 de marzo en una audiencia que se prolongó por casi 24 horas en la sala 6 del Centro de Justicia Río Nuevo, en Mexicali, comenzando a las 09:00 horas y concluyendo este martes con la determinación judicial.
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Un proceso penal que apenas comienza
La vinculación a proceso no implica culpabilidad, pero establece que el Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para que el caso avance a la siguiente etapa.
Durante la audiencia, las agentes del Ministerio Público señalaron que el exgobernador habría ordenado a funcionarios de su administración viajar a Nuevo León para negociar con la empresa Next Energy la construcción de una planta fotovoltaica, así como la firma de un contrato plurianual.
Según la acusación, Bonilla promovió modificaciones legislativas y autorizó dicho contrato, lo que derivó en un compromiso financiero para el estado, considerado por las autoridades como irregular.
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El caso Next Energy y el presunto daño al erario
El caso gira en torno a un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, presentado originalmente como un proyecto de energía renovable, pero que posteriormente fue cuestionado por su viabilidad y condiciones financieras.
La actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, canceló el proyecto al detectar que no contaba con permisos federales y que comprometía participaciones federales por alrededor de 37 mil millones de pesos, a pagarse en un periodo de hasta 30 años.
El gobierno estatal presentó una denuncia tras constatar que la planta nunca fue construida, lo que dio origen a la investigación identificada con el Número Único de Caso 02-2022-06977.
Una investigación más amplia
Las indagatorias no se limitan al exgobernador. De acuerdo con reportes retomados por Eje Central, el proceso también involucra a varios exfuncionarios de su administración, lo que apunta a una posible red de responsabilidades dentro del aparato gubernamental.
El propio Bonilla logró aplazar su comparecencia en al menos 13 ocasiones antes de que finalmente se formulara la imputación el pasado 19 de marzo, un elemento que también ha sido destacado en la cobertura mediática.
Por su parte, el exmandatario ha sostenido en declaraciones a medios que nunca se estableció formalmente la construcción de la planta fotovoltaica en Mexicali, pese a que encabezó el acto de colocación de la primera piedra en el predio destinado a la obra.
El 15 de junio de 2021, Bonilla colocó la primera piedra de la planta en el km 28 de la carretera Mexicali-San Felipe, presentándola como la solución al déficit de energía para el agua en la zona costa.
Su defensa se centra en cuestionar la existencia misma del proyecto como una obligación contractual definitiva.
De gobernador a imputado
La vinculación a proceso de Jaime Bonilla Valdez coloca nuevamente en el centro del debate público su gestión al frente del gobierno estatal entre 2019 y 2021.
El caso se suma a otros episodios recientes en su trayectoria política. En diciembre de 2025, Bonilla fue inhabilitado por tres años por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por irregularidades vinculadas a su administración.
El exgobernador, quien también fue senador y diputado federal, militó en Morena antes de incorporarse al Partido del Trabajo (PT), decisión que derivó en la solicitud de retiro de sus derechos partidistas por parte de la dirigencia estatal del partido.
El caso Next Energy ha generado un fuerte impacto político en Baja California, al tratarse de uno de los contratos más polémicos de los últimos años.
Lo que fue presentado como un proyecto estratégico de energía renovable terminó convertido en un compromiso financiero de largo plazo que nunca se materializó, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la toma de decisiones durante la administración de Bonilla.
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Lo que sigue en el proceso
Tras la vinculación a proceso, se abre una etapa en la que el Ministerio Público deberá robustecer la investigación y presentar pruebas que sustenten la acusación.
El desarrollo del caso será clave no solo para determinar la responsabilidad de los implicados, sino también para medir el alcance de los mecanismos de rendición de cuentas en casos de alto perfil político.
El proceso contra Bonilla se perfila como un caso emblemático en el seguimiento judicial de exfuncionarios en México.
