La presidenta mexicana abre la puerta a ajustes legislativos tras críticas al artículo que permitiría bloquear plataformas digitales.
Ciudad de México, 25 de abril de 2025.– Bajo la creciente presión de organizaciones civiles, expertos en derechos digitales y usuarios de redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que su gobierno está dispuesto a modificar la propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ha causado alarma por un artículo que facultaría al Estado para suspender plataformas digitales. “No vamos a censurar redes sociales ni medios digitales. Eso no está en nuestro proyecto de país”, declaró en su conferencia matutina “La mañanera del pueblo”, marcando así un giro relevante en la discusión legislativa.
La reforma, enviada al Senado el 22 de abril, plantea una actualización integral del marco legal que regula las telecomunicaciones en México. Sin embargo, un apartado específico desató fuertes críticas al permitir al Ejecutivo ordenar, en casos extraordinarios y sin resolución judicial previa, la suspensión o restricción de servicios digitales y plataformas. Según expertos, esta cláusula podría abrir la puerta a una censura encubierta bajo el argumento de la “seguridad nacional”.
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Críticas y preocupaciones por posible censura
Según un reporte de El País, la reforma permitiría a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) suspender temporalmente servicios digitales como redes sociales, plataformas de streaming y mensajería, sin detallar claramente las condiciones para hacerlo. Esta ambigüedad ha sido criticada por la oposición y medios de comunicación por ser potencialmente censuradora.
Organizaciones como R3D y Artículo 19, alertaron sobre el posible uso arbitrario del artículo propuesto. De acuerdo con R3D, el texto “es un grave retroceso en materia de derechos digitales, al permitir al gobierno intervenir contenidos en internet sin supervisión judicial ni mecanismos de transparencia”.
En medio del creciente escándalo, Sheinbaum optó por matizar su posición. “Estoy absolutamente en contra de cualquier medida que limite la libertad de expresión. El artículo se puede cambiar o eliminar si genera confusión o se presta a malas interpretaciones”, declaró. La presidenta también anunció que se abrirá un proceso de discusión con legisladores, académicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil antes de continuar con el proceso legislativo.
La mandataria aseguró en su conferencia que “no habrá vía rápida” para aprobar la iniciativa y que su administración buscará generar consensos. La promesa de revisar el texto legal contrasta con la postura que, hasta esta semana, mantenían voceros del Ejecutivo, quienes defendían el artículo como una medida necesaria para combatir el crimen organizado en el ciberespacio.
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El dilema entre seguridad y libertad
La reforma propuesta busca dotar al Estado mexicano de herramientas más modernas para enfrentar delitos digitales, fraudes en línea, y posibles amenazas a la infraestructura nacional. Sin embargo, como han señalado especialistas como Luis Fernando García, director de R3D, “el problema no es la intención, sino el mecanismo. El artículo propuesto carece de controles democráticos y puede ser usado de manera discrecional”.
De acuerdo con N+, otra de las preocupaciones compartidas por juristas es que este tipo de medidas han sido utilizadas en otros países para restringir protestas o suprimir contenidos críticos al gobierno. En el caso de México, donde las redes sociales han sido una herramienta clave para el activismo, el periodismo independiente y la denuncia ciudadana, la desconfianza ante posibles abusos es especialmente alta.
Por su parte, la organización Access Now emitió un pronunciamiento en el que exhorta al Senado mexicano a “proteger el derecho a la libre expresión en línea y evitar legislaciones vagas o ambiguas que puedan conducir a la censura”.
La solicitud de cambios a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se hizo presente en la agenda de Sheinbaum a principios de la semana tras la difusión de un spot publicitario antiinmigrante racista y violento, del gobierno de Donald Trump, difundido en las principales medios de México, en televisión abierta y privada, en horario estelar. La reforma busca con prohibir la difusión de contenidos extranjeros pagados que contengan mensajes ideológicos o políticos.
La reacción rápida de la presidenta, que busca ahora replantear el artículo más controvertido, sugiere que la presión social y mediática aún tiene fuerza para influir en la agenda legislativa del país.
Mientras tanto, el Senado tendrá la tarea de revisar, debatir y posiblemente reescribir un texto que, en nombre de la seguridad, ha encendido las alarmas sobre la libertad. En una era donde los derechos digitales se han vuelto inseparables de la ciudadanía misma, la forma en que México resuelva este episodio será un termómetro de su compromiso democrático.
