La presidenta afirmó que la UIF y el Gabinete de Seguridad no han encontrado evidencia que vincule a las empresas y personas sancionadas por Estados Unidos con grupos delictivos; también señaló que Washington no ha entregado información que sustente esos señalamientos.
Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves, en su conferencia en La Mañanera del Pueblo, que el Gobierno de México no cuenta con evidencia que vincule con grupos delictivos a las empresas y personas de Baja California sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La declaración se produjo nueve días después de que Washington sancionara a 21 personas y 25 empresas que, según el Departamento del Tesoro, forman parte de redes de apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de Los Mayos. Entre los señalados se encuentran empresarios y operadores con actividades en Tijuana y Mexicali.
Sheinbaum señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Gabinete de Seguridad revisaron la información disponible en México y no encontraron elementos que acrediten esos vínculos criminales. La presidenta puso como ejemplo a la empresa bajacaliforniana Inteliproof Efficient, incluida por OFAC entre las compañías sancionadas:
“De acuerdo con la UIF y el Gobierno de México, en particular el Gabinete de Seguridad”, no existe evidencia de que Inteliproof Efficient y los demás sujetos sancionados estén vinculados con algún grupo delictivo.”
La UIF solo detectó irregularidades financieras
La posición del Gobierno mexicano no significa que la UIF haya descartado todas las irregularidades señaladas en los expedientes.
El 29 de septiembre, el mismo día de las sanciones estadounidenses, la UIF informó que analizó la información financiera disponible en México sobre los 46 sujetos incluidos por OFAC —21 personas físicas y 25 personas morales— y encontró, entre algunos de ellos, operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
A partir de ese análisis, la dependencia incorporó a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) como una medida preventiva de carácter administrativo. Hacienda aclaró que esa inclusión no constituye una determinación definitiva ni acredita por sí misma responsabilidad alguna.
Sheinbaum explicó que las irregularidades financieras no equivalen automáticamente a una relación con organizaciones criminales. De acuerdo con sus declaraciones, pueden referirse, por ejemplo, a problemas en el reporte de impuestos, ingresos o egresos, aunque el procedimiento permite a las personas y empresas afectadas presentar pruebas para solicitar el desbloqueo de sus cuentas.
La propia UIF establece que los sujetos incluidos en la lista cuentan con garantía de audiencia y con recursos administrativos y jurisdiccionales para impugnar las medidas.
México dice que no ha recibido la información de Estados Unidos
Uno de los elementos centrales de la declaración presidencial fue la falta de información adicional procedente de Washington.
Sheinbaum afirmó que México no ha recibido de Estados Unidos los elementos que expliquen por qué las personas y empresas sancionadas son consideradas vinculadas con organizaciones criminales. La declaración establece así una diferencia entre la información que sustentó la designación de OFAC y la que, hasta ahora, ha sido compartida con las autoridades mexicanas.
El Departamento del Tesoro, sin embargo, mantiene sus señalamientos. En su comunicado del 29 de septiembre, OFAC afirmó que las sanciones alcanzaron a una red relacionada con el Cártel de Sinaloa y describió estructuras empresariales y financieras asentadas en Baja California.
En el caso de Tijuana, el Tesoro estadounidense identificó a una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento. OFAC también incluyó, al menos, a diez empresas.
En Mexicali, la dependencia estadounidense situó otra parte de la estructura que atribuye a Los Mayos y a la facción de Los Rusos, encabezada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”. Entre los sancionados aparecen Carlos Alberto Torres Torres, su hermano Luis Alfonso Torres Torres y el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali Pedro Ariel Mendívil García.
Los señalamientos de OFAC son determinaciones administrativas del Gobierno de Estados Unidos; no equivalen por sí mismos a una sentencia penal en México.
Baja California revisa los contratos con las empresas sancionadas
Mientras el Gobierno federal sostiene que no tiene pruebas que acrediten los vínculos criminales señalados por Washington, Baja California mantiene una revisión administrativa de las contrataciones realizadas con las empresas incluidas en la lista de OFAC.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ya encontró contratos, licitaciones, invitaciones y adjudicaciones relacionadas con algunas de esas compañías y que revisará si los procedimientos se realizaron conforme a la legislación. La investigación abarca la administración estatal desde el 1 de noviembre de 2021 hasta la fecha.
La dependencia trabaja con 45 órganos internos de control para identificar los contratos y revisar las condiciones bajo las cuales fueron adjudicados. Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado la cifra definitiva de contratos ni los montos involucrados, pues la revisión continúa.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda también instruyó a la Oficialía Mayor a verificar las relaciones contractuales con las empresas sancionadas y remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El Gobierno estatal ha sostenido que las contrataciones deberán analizarse con base en las condiciones jurídicas existentes cuando fueron celebradas.
Dos investigaciones con alcances distintos
El caso plantea, por ahora, dos procesos que no deben confundirse. Por un lado, Estados Unidos mantiene una designación financiera de OFAC basada en sus propias investigaciones y en la información utilizada por el Departamento del Tesoro para atribuir vínculos con el Cártel de Sinaloa. Por otro, México aplicó un bloqueo preventivo después de analizar la información financiera disponible en el país y detectar irregularidades en algunos de los sujetos señalados.
La declaración de Sheinbaum añade un tercer elemento: el Gobierno mexicano afirma que, con la información que tiene hasta ahora, no ha encontrado pruebas que permitan establecer los nexos criminales señalados por Washington y que tampoco ha recibido de Estados Unidos la información que explique esos vínculos.
La revisión de los contratos públicos en Baja California continúa. Hasta que concluya, tampoco existe base para afirmar que las contrataciones hayan implicado por sí mismas una conducta delictiva o una vulneración de información de seguridad pública.
El caso queda así abierto en dos frentes: México deberá determinar el alcance de las irregularidades financieras y de las relaciones contractuales detectadas, mientras Estados Unidos mantiene vigentes sus sanciones y los señalamientos que dieron origen a ellas.
