Un juez impuso medidas cautelares a los integrantes del grupo tras un concierto en Zapopan donde se proyectaron imágenes de capos como “El Mencho” y “El Chapo”
Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo de 2025. La controversia por la apología del delito en los escenarios musicales alcanzó un nuevo capítulo este lunes, luego de que un juez de control en Jalisco vinculó a proceso a los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco por presuntamente promover el narcotráfico durante un concierto en Zapopan. El caso, que ha desatado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión artística, se suma a las acciones legales y políticas recientes que buscan frenar los llamados narcocorridos en diversas entidades del país.
Según información confirmada por El País y Aristegui Noticias, la Fiscalía del Estado de Jalisco imputó al grupo musical, junto con su representante y promotor, por el delito de apología del delito, luego de que en una presentación celebrada en marzo pasado en el Auditorio Telmex se proyectaran imágenes de los líderes criminales Joaquín “El Chapo” Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
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Un show con imágenes narco: el detonante de la acusación
La Fiscalía estatal argumentó que durante el concierto, mientras se interpretaban corridos relacionados con el crimen organizado, se exhibieron en pantallas gigantes fotografías de los líderes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que constituye un acto de exaltación pública de figuras delictivas. Esta representación, de acuerdo con la acusación, vulnera lo dispuesto en el artículo 142 del Código Penal de Jalisco.
El juez determinó que existían elementos suficientes para abrir el proceso judicial, por lo que dictó como medidas cautelares la permanencia obligada de los músicos (Armando Moreno Álvarez, José Pavel Moreno Serrano, José Carlos Moreno Álvarez y Cristóbal Reyes López) en el estado de Jalisco, la firma periódica ante el juzgado y una garantía económica de 1.8 millones de pesos para asegurar su comparecencia.
Además, se informó que la Fiscalía estatal ya abrió dos nuevas carpetas de investigación por eventos posteriores, uno en Cihuatlán y otro en Tequila, donde presuntamente se repitió el patrón: interpretación instrumental de narcocorridos mientras las letras eran proyectadas en pantallas, acompañadas de simbología alusiva al crimen organizado.
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La defensa: libertad artística y doble discurso
La defensa de la agrupación ha argumentado que se trata de una violación a la libertad de expresión, señalando que las canciones forman parte del repertorio popular y que el contenido artístico no equivale necesariamente a apología. También señalaron que la actuación del Estado mexicano ha sido “selectiva e hipócrita”, pues muchas de las canciones son accesibles en plataformas digitales y no han sido objeto de censura formal.
“Estamos hablando de una expresión cultural, no de una promoción directa del delito. Criminalizar la música es un retroceso”, aseguró uno de los abogados del grupo en declaraciones retomadas por Infobae.
El caso ha sido interpretado en redes y medios como parte de una creciente ola de medidas legales contra los narcocorridos, un género que desde hace décadas divide opiniones por su vinculación con la narrativa del crimen organizado y su arraigo en zonas afectadas por la violencia.
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Un amparo en Michoacán y la polémica nacional
La decisión judicial en Jalisco contrasta con un fallo reciente en Michoacán, donde el mismo grupo Los Alegres del Barranco obtuvo una suspensión provisional contra el decreto estatal que prohíbe la interpretación de narcocorridos en espacios públicos. De acuerdo con El País, un juez federal otorgó el amparo al considerar que la medida violaba los derechos constitucionales de libertad de expresión y libre trabajo de los músicos.
Este contraste subraya la falta de un marco legal uniforme en el país sobre el tema. Mientras algunos estados como Jalisco y Sinaloa han optado por prohibiciones o sanciones, otros reconocen la dificultad de delimitar lo artístico de lo delictivo sin caer en censura.
El caso de Los Alegres del Barranco se convierte así en un nuevo punto de inflexión en el debate sobre los límites entre cultura, delito y libertad. Un debate que apenas comienza y que seguirá generando tensiones entre autoridades, artistas y sociedad.
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Los Alegres del Barranco en la Fiscalia de Jalisco. Crédito: MSN
