Ciudad de México, 10 de abril de 2025.- La política migratoria del gobierno de Estados Unidos se endurece contra cantantes de narcocorridos. En lo que podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre la industria musical y las agencias de seguridad estadounidenses, varios exponentes de este controvertido género enfrentan el riesgo de perder sus visas por supuesta promoción de grupos criminales considerados como organizaciones terroristas.
Según reveló el medio Milenio, la administración estadounidense ha comenzado a retirar visas a artistas que, a través de su música, difunden las actividades del crimen organizado. El caso más emblemático hasta ahora es el de la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco, a quienes se les habría cancelado su visa tras un concierto en Jalisco, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida habría sido respaldada por declaraciones del Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien subrayó que “la libertad de expresión no debe quedar libre de consecuencias” cuando se trata de la glorificación de actividades criminales. Landau también afirmó que más de 800 visas han sido revocadas en los últimos dos meses y medio, incluyendo a estudiantes pro-palestinos, individuos de países señalados como riesgosos, y ahora también están en la mira presuntos promotores del narco a través del arte.
Una lista negra en formación
Además de Los Alegres del Barranco, otros artistas del regional mexicano estarían siendo objeto de investigaciones por parte del Departamento de Estado. Entre ellos figuran nombres populares como Edgardo Núñez, Grupo Arriesgado, Peso Pluma, Jr. Salazar, Nathanael Cano, Grupo Firme y Gerardo Díaz. Muchos de ellos se han caracterizado por integrar en sus letras referencias explícitas a personajes del crimen organizado, hazañas delictivas y estilos de vida ligados al narcotráfico.
De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, conductor del pódcast Pie de Nota, la medida no es aislada. Artistas como Eduin Caz y el vocalista de Los Nuevos Rebeldes, Israel Gutiérrez, están bajo revisión consular y enfrentan dificultades para renovar sus visas de trabajo. “No hay confirmación oficial, pero hay una línea directa entre los contenidos de sus canciones y la estrategia del gobierno estadounidense para frenar la apología del narco”, explicó Chaparro.
Escenarios preocupantes
El escrutinio llega en un contexto tenso. En un reciente concierto de Panchito Arredondo, otro exponente del narcocorrido, se identificó en primera fila a Alfonso Fernández Magallón, alias “El Poncho” o “La Quiringa”, presunto líder de Cárteles Unidos —organización catalogada como terrorista por Estados Unidos. El evento se celebró el pasado 4 de abril en Los Reyes, Michoacán. La circulación del video en redes sociales derivó en versiones no confirmadas sobre la presunta desaparición de Jaime Alejandro Pulido, quien habría difundido la grabación.
Este tipo de vínculos públicos entre artistas y figuras criminales podría fortalecer el argumento de que el género musical no sólo retrata, sino que normaliza y glorifica estructuras delictivas. Para el gobierno estadounidense, que ya ha comenzado a designar cárteles mexicanos como grupos terroristas, la presencia de estos artistas en su territorio podría constituir un riesgo político y cultural.
Nathanael Cano. Imagen: Instagram natanael_cano
¿Censura o legítima defensa?
Aunque la medida ha sido calificada por algunos como un acto de censura, en Washington la narrativa apunta a la seguridad nacional. Fuentes cercanas al expresidente Donald Trump, ahora figura influyente dentro del ala más dura del Partido Republicano, aseguraron a Milenio que “nadie que promueva, directa o indirectamente, el mensaje de organizaciones criminales tendrá lugar en Estados Unidos”.
Este endurecimiento pone al regional mexicano en una encrucijada: o redefine sus narrativas o corre el riesgo de ver cómo sus exponentes más populares quedan fuera del mercado estadounidense, el segundo más importante para la música latina después del mexicano.
La discusión está sobre la mesa: ¿puede la música ser castigada por sus contenidos, o es parte de una política preventiva más amplia ante el avance del crimen organizado transnacional? La batalla apenas comienza.
