El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al exesposo de la gobernadora de Baja California entre 21 personas sancionadas junto con 25 empresas; la dependencia lo vincula con la facción de Los Mayos y con operaciones en Mexicali.
Washington, D.C., 29 de septiembre de 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al incluirlo entre 21 personas y 25 empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus presuntos vínculos con una red del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
De acuerdo con la información difundida por el Tesoro y retomada por El Universal y Univision, la dependencia estadounidense sostiene que Torres utilizó su influencia política para facilitar las operaciones de la organización criminal y protegerla de la intervención de autoridades y fuerzas de seguridad en Baja California. También lo vincula con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, señalado como uno de los principales operadores de la organización en Mexicali.
La designación también alcanzó a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, a quien el Tesoro ubica dentro de la estructura financiera relacionada con las operaciones de la organización.
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El Tesoro señala una red de narcocorrupción en Baja California
Según la dependencia estadounidense, Carlos Torres habría recibido pagos a través de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, para permitir que la organización operara en Baja California.
Univision reporta que el Tesoro atribuye a Mendivil una alianza con “El Ruso” y sostiene que habría recibido sobornos a cambio de permitir que el grupo tuviera control sobre la Policía Municipal de Mexicali y facilitara sus actividades. La misma información señala que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil, mientras que Luis Alfonso Torres habría participado en el cobro de esos recursos y en el lavado de dinero mediante empresas y campañas políticas.
El antecedente de esta acusación ya había aparecido en México. En enero de 2026, N+ Focus informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba una red relacionada con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, a partir de una denuncia presentada el 11 de junio de 2025.
Según esa investigación periodística, la denuncia señalaba que Carlos Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Mendivil para permitir las operaciones de Los Rusos en Baja California. La carpeta también identificaba a Luis Alfonso Torres como presunto operador financiero de la red.
Torres respondió entonces que no tenía “nada que ocultar” y sostuvo que la información provenía de una denuncia anónima. También manifestó su disposición a esclarecer los señalamientos y confió en que la investigación de la FGR permitiría desestimarlos.
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La estructura de Los Mayos alcanza Tijuana y Mexicali
La acción estadounidense está dirigida contra una estructura que, según el Tesoro, tiene presencia en varios estados mexicanos y opera bajo el liderazgo de Zambada Sicairos, identificado como “Mayito Flaco”.
El País señala que la designación de este martes representa una de las descripciones más detalladas de la estructura de esa facción del Cártel de Sinaloa y comprende 21 individuos y 25 empresas.
En Baja California, el Tesoro identifica a Mexicali como uno de los principales territorios de la organización y vincula a “El Ruso” con actividades de narcotráfico y corrupción de funcionarios.
La dependencia también menciona a Rafael Buenrostro Marín, exfuncionario de Aduanas en Chihuahua y antiguo asesor legislativo, a quien describe como cercano a José Ángel Rivera Zazueta, “Flaco”, otro integrante de alto nivel de la estructura. Asimismo, señala a otros operadores relacionados con Tijuana y Mexicali.
Entre ellos aparecen los hermanos Alfonso y René Arzate García, “Aquiles” y “La Rana”, a quienes el Tesoro atribuye el control de la plaza de Tijuana y vínculos con el tráfico de drogas y la violencia asociada a la organización. La dependencia también sancionó a personas y empresas que, según su descripción, formarían parte de la red financiera y operativa en la ciudad fronteriza.
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Qué implica la sanción de Estados Unidos
Las designaciones de OFAC implican el bloqueo de los bienes y participaciones patrimoniales de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.
También quedan prohibidas las transacciones de personas estadounidenses con los designados. La medida puede extenderse a empresas en las que una o más personas bloqueadas tengan, directa o indirectamente, una participación de 50% o más.
La acción se realiza bajo las órdenes ejecutivas estadounidenses 14059, relacionada con la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y 13224, dirigida contra terroristas y quienes les proporcionan apoyo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la medida busca alcanzar tanto a integrantes de organizaciones criminales como a funcionarios corruptos y facilitadores financieros.
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Marina del Pilar no aparece señalada por el Tesoro
El nombre de Marina del Pilar Ávila Olmeda aparece en las publicaciones por su relación personal con Carlos Torres, pero Univision precisa que la gobernadora figura en el comunicado como referencia del parentesco y no se le atribuyen conductas ilícitas en la designación descrita.
La sanción contra Torres ocurre después de que Estados Unidos revocara su visa en mayo de 2025. De acuerdo con Univision, el Departamento del Tesoro sostiene que esa decisión estuvo relacionada con su afiliación con el Cártel de Sinaloa y con actividades realizadas en nombre de la organización.
La nueva designación estadounidense no equivale por sí misma a una sentencia penal. Las acusaciones del Tesoro forman parte de una medida administrativa y financiera; cualquier responsabilidad penal corresponde determinarla a las autoridades judiciales competentes.
La acción de este martes añade, sin embargo, un nuevo elemento a las investigaciones que desde 2025 han involucrado a Carlos Torres y a otras personas de su entorno en Baja California. La FGR mantiene una investigación que, según los reportes disponibles, está relacionada con posibles operaciones de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.
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