La solicitud presentada por Movimiento Ciudadano ante la Cámara de Diputados abre una nueva fase institucional en el caso, que pasó de una acusación internacional a un conflicto político interno.
Ciudad de México, 30 de abril de 2026.- La presión política sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló este jueves por la tarde luego de que Movimiento Ciudadano presentara una solicitud formal de desafuero ante la Cámara de Diputados, en respuesta a los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con presuntas redes del narcotráfico.
La petición pasa de una acusación de carácter internacional, basada en solicitudes de extradición enviadas por Washington, a una acción concreta dentro del sistema político mexicano que podría derivar en el retiro de la inmunidad constitucional del mandatario estatal.
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La solicitud de desafuero
Desta tarde, la bancada de Movimiento Ciudadano ingresó la solicitud de desafuero ante la Cámara baja con el objetivo de que se inicie un procedimiento de juicio de procedencia, mecanismo mediante el cual se evalúa si un funcionario público puede ser sometido a proceso penal.
La petición no solo alcanza a Rocha Moya, sino también a otros funcionarios del Gobierno de Sinaloa, lo que amplía el alcance político del caso. La solicitud busca que las autoridades mexicanas investiguen los presuntos vínculos señalados por Estados Unidos.
El origen: señalamientos desde Washington
El detonante de esta escalada fue la confirmación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el Gobierno estadounidense contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa.
Sin embargo, la propia dependencia federal precisó que en los documentos recibidos no se anexaron pruebas, lo que ha generado un escenario de tensión entre la gravedad de las acusaciones y la falta de evidencia pública que las respalde.
Esta circunstancia ha sido retomada por distintos actores políticos para cuestionar tanto la veracidad de los señalamientos como la necesidad de investigarlos dentro del país.
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Argumentos políticos y legales
Movimiento Ciudadano sostiene que la gravedad de las acusaciones amerita una revisión institucional, independientemente de que las pruebas no hayan sido difundidas públicamente. La solicitud de desafuero, en ese sentido, busca abrir la puerta a una investigación formal sin la protección del fuero constitucional.
El partido argumenta que el Congreso debe actuar como contrapeso ante posibles actos de corrupción o vínculos con el crimen organizado, especialmente cuando provienen de señalamientos internacionales.
Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, hizo pública la carta de la petición al Congreso en su cuenta de X:
“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero. Por eso, el diputado
@gibranrr y un servidor hemos solicitado el día de hoy que se dé inicio al proceso de desafuero.”
Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero.
— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 1, 2026
Por eso, el diputado @gibranrr y un servidor hemos solicitado el día de hoy que se dé inicio al proceso de desafuero. pic.twitter.com/rdXnzXY2HS
Crece la presión para que renuncie
Paralelamente, la presión política ha aumentado. Legisladores y actores políticos se han sumado a la exigencia de que Rocha Moya se separe del cargo mientras se esclarecen los hechos.
Aunque hasta ahora el gobernador no ha presentado su renuncia, el tema ha escalado en la agenda pública y se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política a nivel nacional.
El hecho de que la solicitud incluya a otros funcionarios sugiere que el caso podría ir más allá de una responsabilidad individual. La posibilidad de que existan redes o estructuras dentro del Gobierno estatal es uno de los elementos que subyacen en la petición presentada ante el Congreso.
El proceso en el Congreso
La solicitud de desafuero deberá ser turnada a las instancias correspondientes dentro de la Cámara de Diputados, donde se analizará si procede iniciar un juicio de procedencia. Este proceso incluye la revisión de los argumentos presentados y, eventualmente, una votación en el pleno.
De prosperar, el desafuero permitiría que Rocha Moya enfrente investigaciones sin la protección de su cargo. De lo contrario, la solicitud podría ser desechada por falta de elementos suficientes.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la ausencia de pruebas públicas en los documentos enviados por Estados Unidos. Mientras algunos actores consideran que esto debilita las acusaciones, otros sostienen que la gravedad del señalamiento justifica una investigación interna.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que las solicitudes serán turnadas a la Fiscalía General de la República, que será la encargada de determinar si existen elementos para proceder.
La evolución del caso dependerá de dos factores clave: el avance del proceso en el Congreso y la eventual presentación de pruebas por parte de las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, la presión política continúa creciendo en un escenario donde las acusaciones, aunque graves, aún no cuentan con sustento público verificable.
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