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Deportan a niños nacidos en EE UU junto a sus madres migrantes: un caso de cáncer infantil desata la indignación

La expulsión ocurrió el fin de semana en medio de críticas de organizaciones de derechos humanos; abogados denuncian violaciones al debido proceso.

Washington D.C., 28 de abril de 2025 — La administración de Donald Trump enfrenta una nueva ola de críticas tras la deportación de al menos tres niños ciudadanos estadounidenses de origen latino, incluyendo a un menor con cáncer en etapa avanzada. Los casos, ocurridos entre el 25 y 26 de abril, según The Washington Post, han generado preocupación por posibles violaciones al debido proceso y a los derechos constitucionales de los menores.

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Menores ciudadanos estadounidenses expulsados

Entre los casos documentados figura el de dos hermanos de 4 y 7 años, nacidos en Estados Unidos, quienes fueron deportados junto a su madre a Honduras. De acuerdo a The Associated Press, el menor de cuatro años enfrenta un diagnóstico de cáncer terminal, lo que agrava las críticas sobre la falta de consideración humanitaria por parte de las autoridades migratorias.

Otro caso relevante es el de una niña de dos años, originaria de Nueva Orleans, quien fue deportada también a Honduras con su madre, pese a que el padre de la menor —ciudadano estadounidense— había presentado una solicitud judicial de emergencia para detener la expulsión. The Washington Post señala que las autoridades actuaron antes de que el juez federal Terry Doughty pudiera emitir una resolución, dejando en el limbo la protección jurídica de la menor.

Además, se reportó la deportación de una madre cubana y su hija de un año —también ciudadana estadounidense— desde Harrisburg, Pensilvania. La mujer fue detenida en una cita rutinaria con ICE y deportada de forma expedita, sin acceso a representación legal ni a un proceso adecuado de apelación.

El argumento del gobierno de Trump y las críticas legales

La administración Trump ha defendido sus acciones asegurando que no deportaron a los niños, sino que estos “acompañaron voluntariamente” a sus madres. El secretario de Estado Marco Rubio y Tom Homan, zar fronterizo, afirmaron que los menores “pueden regresar a Estados Unidos en cualquier momento”, dado que conservan su ciudadanía.

Sin embargo, abogados de derechos civiles han cuestionado esta versión. Según Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU, el gobierno incurrió en “una violación flagrante de los derechos constitucionales de los niños ciudadanos estadounidenses”, subrayando que no se respetaron los procedimientos judiciales mínimos ni se garantizó el debido proceso.

En el caso de la niña deportada desde Luisiana, el juez Doughty ha convocado una audiencia de emergencia para el próximo 16 de mayo, donde se discutirá la posible restitución de los derechos de la menor. Hasta ahora, los abogados de la familia advierten que el daño emocional y jurídico ya podría ser irreparable.

Un precedente preocupante para las familias migrantes

Estas deportaciones han encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos, legisladores y activistas. De acuerdo con The New York Times, colectivos como Human Rights Watch y la ACLU han denunciado que la práctica podría abrir la puerta a futuras deportaciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses por asociación con familiares migrantes.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez calificó el hecho como “un abuso inaceptable del poder estatal” y advirtió que deportar ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso “es un atentado directo contra los principios básicos de la Constitución”.

Por su parte, el Centro de Estudios de Inmigración de Washington indicó que estos hechos “reafirman la necesidad urgente de un control judicial más estricto sobre las prácticas de ICE, especialmente en casos que involucren a menores ciudadanos”.

En medio de esta polémica, el gobierno de Trump enfrenta no solo cuestionamientos internos, sino también un escrutinio internacional creciente por las políticas migratorias implementadas en el contexto de su nueva administración. Mientras tanto, los menores afectados y sus familias lidian con las consecuencias de una decisión que podría marcar sus vidas de manera irreversible.

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Niña ciudadana estadounidense, de origen mexicano, sostiene una pancarta con la leyenda: “Dejen de separar familias”. Crédito: Public Integrity.

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