La colaboración habría incluido la devolución de la visa estadounidense a Guillermo Zuany, el acceso de agentes de la CIA a instalaciones de la Fiscalía estatal y su participación en misiones contra el narcotráfico. El exfuncionario se encuentra prófugo y, según The New York Times, bajo protección del Gobierno de Estados Unidos.

Chihuahua, Chihuahua, 14 de noviembre de 2026.- Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, habría facilitado durante más de seis meses la presencia y las actividades de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la entidad, a cambio de que Estados Unidos le devolviera la visa que le había retirado por sospechas de presuntos vínculos con el narcotráfico. La colaboración incluyó el acceso de los agentes a instalaciones de la Fiscalía estatal, su participación en determinadas misiones y el acompañamiento a fuerzas de seguridad durante operaciones sobre el terreno, de acuerdo con nuevas revelaciones publicadas este sábado por El País.
La información amplía la investigación de The New York Times, que el 12 de noviembre reportó que Zuany había huido a Estados Unidos y se encontraba bajo protección de ese Gobierno, según funcionarios mexicanos y estadounidenses citados bajo condición de anonimato. Reforma y La Jornada retomaron esa revelación, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad informar sobre el paradero del exfuncionario y las circunstancias de su presunta protección.
De acuerdo con la reconstrucción de El País, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tenía bajo sospecha a Zuany por posibles nexos con grupos del narcotráfico. Esa situación habría provocado que Washington le retirara la visa estadounidense. La CIA habría identificado en el caso una oportunidad para establecer una relación de colaboración más amplia y recuperar el acceso a operaciones de seguridad en Chihuahua sin autorización del Gobierno federal mexicano.
El diario español señala que Estados Unidos le devolvió el visado a cambio de que el entonces fiscal facilitara discretamente la entrada de sus agentes a la entidad. La colaboración habría comenzado en octubre de 2025 y se prolongó durante más de seis meses, periodo en el que Zuany acompañó a integrantes de la CIA mientras capacitaban a fuerzas de seguridad estatales, se incorporaban a determinadas misiones y aportaban conocimientos especializados en operaciones contra el narcotráfico.
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Agentes de la CIA entraban a instalaciones de la Fiscalía
Las nuevas revelaciones describen una presencia habitual de los agentes estadounidenses en las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua. Según El País, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que incluye entrevistas con excolaboradores del exfiscal general César Jáuregui y de Zuany, documenta que los integrantes de la CIA entraban y salían de los edificios de la institución, sostenían reuniones con el entonces fiscal especializado, portaban armas largas y se trasladaban en convoyes oficiales hacia distintas misiones contra grupos delictivos.
En el operativo de abril en la Sierra de Chihuahua participaron cuatro agentes estadounidenses. Dos de ellos, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, murieron en un accidente vehicular durante el regreso de la misión. Los otros dos, Jason Paul Walker y Tan Sirisaic —cuyo apellido también aparece escrito como Sirisak—, sobrevivieron, según la información publicada por El País.
El operativo se realizó entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde autoridades estatales localizaron laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas. En el trayecto de regreso, uno de los vehículos cayó por un barranco en el municipio de Batopilas. En el accidente también murieron Pedro Ramón Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y un integrante de su escolta, de acuerdo con la reconstrucción publicada por el mismo diario en octubre.
La presencia de agentes de la CIA en la operación no había sido comunicada al Gobierno federal. El caso se convirtió en una controversia entre las autoridades de Chihuahua y la administración de Claudia Sheinbaum, que sostuvo que los agentes extranjeros no estaban autorizados para realizar actividades operativas en territorio mexicano.
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La instrucción de no fotografiar el accidente
Una de las piezas que amplían el expediente es la información publicada por El Universal el 11 de noviembre. El periódico tuvo acceso a la causa penal 408/2026 y reportó que un policía de investigación de la AEI declaró ante el Ministerio Público Federal que, después del accidente del 19 de abril, un escolta transmitió una instrucción atribuida a Zuany: no tomar fotografías ni difundir información sobre lo ocurrido.
El testimonio fue recabado el 8 de mayo de 2026. Según la declaración reproducida por El Universal, el exfiscal no se encontraba en el lugar del accidente; la instrucción habría sido comunicada por medio de un integrante de la escolta del director de la AEI.
El mismo expediente, de acuerdo con el periódico, incorpora testimonios sobre la presencia de los agentes estadounidenses en el operativo y las circunstancias posteriores al hallazgo de los laboratorios. Estos elementos forman parte de la investigación ministerial y no deben confundirse con una sentencia sobre las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Zuany está prófugo y Jáuregui permanece detenido
La investigación sobre la colaboración con la CIA también alcanza a los mandos de la Fiscalía de Chihuahua. César Jáuregui Moreno, entonces fiscal general del estado y superior de Zuany, fue detenido el 17 de octubre. La FGR lo acusa de traición a la patria por la presunta participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad sin autorización del Gobierno federal, además de otros señalamientos relacionados con el ejercicio del servicio público.
Zuany, por su parte, dejó el cargo en mayo y permanece prófugo. Las órdenes de aprehensión en su contra corresponden a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y falsedad de declaraciones ante autoridades, según la información publicada por El País el 23 de octubre.
La defensa de Jáuregui sostiene que las nuevas revelaciones sobre el papel de Zuany podrían modificar la situación de su cliente. Luis Villegas, abogado del exfiscal general, declaró a El País que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, podría tener responsabilidad si se demuestra que dio instrucciones directamente a Zuany, quien fue nombrado fiscal especializado durante su administración.
Villegas afirmó que Jáuregui ha negado conocer o autorizar la presencia de agentes de la CIA y planteó que una eventual declaración de Zuany podría cambiar el curso del proceso. También relató que el día de la detención de su cliente, el 17 de octubre, el exfiscal especializado se comunicó con él para proponer una estrategia de defensa conjunta. El equipo legal rechazó la propuesta y, según el abogado, desde entonces no ha tenido contacto con Zuany. Se trata de la versión de la defensa y no de una conclusión judicial sobre la responsabilidad de la gobernadora.
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Sheinbaum pide información sobre su paradero
La presunta protección estadounidense a Zuany abrió una nueva dimensión en el caso. El 12 de noviembre, The New York Times informó que el exfiscal había huido a Estados Unidos y se encontraba bajo resguardo de ese Gobierno, con base en testimonios de funcionarios de ambos países que solicitaron el anonimato. Reforma y La Jornada difundieron también el reporte.
Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad que proporcionara información sobre el paradero del exfuncionario y las condiciones de su presunta protección. En declaraciones recogidas por La Jornada el 13 de noviembre, consideró que era importante esclarecer cómo una persona señalada por presuntos vínculos con la corrupción y la delincuencia organizada terminó colaborando con agencias estadounidenses.
Sheinbaum descartó que el asunto vaya a provocar un conflicto con Washington y señaló que el Gobierno estadounidense conoce la posición de México sobre las actividades de sus agentes en territorio nacional. Cualquier funcionario extranjero que participe en tareas de seguridad, reiteró, debe cumplir con la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.
La investigación deja abiertas preguntas sobre el alcance de la colaboración entre Zuany y la CIA, el conocimiento que tenían las autoridades estatales y federales y las condiciones en que los agentes estadounidenses participaron en operaciones de seguridad en Chihuahua. También falta una explicación pública del Gobierno de Estados Unidos sobre la situación jurídica del exfiscal y la protección que, según las fuentes citadas por The New York Times, recibe en ese país.


