El instrumento ordena retirar contenidos relacionados con violencia, acoso, explotación sexual y autolesiones, además de verificar la edad de los usuarios y activar controles de seguridad por defecto. Las empresas tendrán 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor, para documentar e informar sus medidas de cumplimiento.
Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles un decreto que obliga a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos y otros materiales que puedan poner en riesgo su integridad. La disposición establece nuevas obligaciones para identificar y retirar publicaciones, limitar la exposición de menores a contenidos nocivos y facilitar la supervisión de sus actividades en internet.
La firma y la presentación del decreto se realizaron durante “La Mañanera del Pueblo”, la conferencia matutina de la presidenta de México. En este espacio en Palacio Nacional, Sheinbaum estuvo acompañada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, quien se encargó de exponer las implicaciones, alcances legales y las obligaciones específicas que tendrán que adoptar las grandes firmas tecnológicas.
De acuerdo con la Secretaría de Cultura Jurídica del Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, el decreto comprende los servicios digitales que permiten la interacción entre personas usuarias y la generación, difusión o intercambio de contenidos. La medida busca que las plataformas incorporen mecanismos de protección desde el diseño de sus servicios, en lugar de depender exclusivamente de restricciones que las familias deban activar por su cuenta.
La disposición abarca contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Según la información presentada por la consejera jurídica de la Presidencia, las plataformas deberán identificar y retirar de inmediato cuentas o publicaciones que promuevan o generen violencia, además de impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos prohibidos, sean expuestos a ellos o los reciban mediante recomendaciones.
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Verificación de edad y controles de seguridad
El decreto también establece obligaciones para clasificar contenidos según la edad de las personas usuarias y verificar su edad. Las empresas deberán ofrecer herramientas accesibles de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos para reportar cuentas y publicaciones que representen un riesgo.
Otra de las disposiciones consiste en activar de manera predeterminada configuraciones de privacidad y seguridad que ofrezcan mayor protección a los menores. La intención es que las salvaguardas estén habilitadas desde el inicio y no dependan de que los usuarios o sus familias modifiquen manualmente los ajustes de cada servicio.
Las empresas también deberán colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Para ello, tendrán que mantener un punto de contacto disponible de manera permanente para atender requerimientos de información, preservar y entregar evidencia relevante para las investigaciones y alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que representen una amenaza contra la vida.
De acuerdo con El Economista, representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Huawei, Google y X participaron en reuniones con el Gobierno federal para conocer las disposiciones y discutir su implementación.
Treinta días para informar las medidas de cumplimiento
Las plataformas tendrán un plazo de 30 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las acciones adoptadas para cumplir con las nuevas obligaciones. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será responsable de dar seguimiento a su aplicación.
La presidenta señaló que, por ahora, el instrumento no contempla sanciones directas para las empresas que incumplan. Durante la presentación, advirtió que el Gobierno podría impulsar una ley con medidas sancionadoras si las plataformas no aplican las disposiciones:
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”.
La ausencia de sanciones en el decreto constituye uno de sus principales límites inmediatos: aunque las obligaciones son de cumplimiento obligatorio, el instrumento no establece por sí mismo un régimen punitivo específico. La eventual creación de una ley adicional queda sujeta a un proceso posterior.
Prevención y atención a la salud mental
El plan gubernamental incluye medidas complementarias de prevención. Según la información presentada por la Consejería Jurídica, las secretarías de Educación Pública y de Salud participarán en acciones de orientación sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales.
Entre ellas se encuentra el fortalecimiento de la estrategia educativa “El ABC de las emociones” y la difusión de los servicios de orientación y apoyo psicológico de la Línea de la Vida. El Gobierno también ha planteado reforzar el acompañamiento de madres, padres y personas cuidadoras para detectar situaciones de riesgo entre adolescentes y jóvenes.
La firma del decreto se da después de recientes episodios de violencia en entornos escolares que llevaron al Gobierno federal a plantear nuevas responsabilidades para las plataformas digitales. La discusión también involucra el papel de los algoritmos en la difusión de discursos de odio y contenidos que pueden favorecer procesos de radicalización.
Sin embargo, la eliminación de publicaciones no resuelve por sí sola todas las causas de la violencia digital. La aplicación de las medidas tendrá que evaluarse a partir de su capacidad para reducir la exposición de menores a contenidos de riesgo, la eficacia de los mecanismos de denuncia y la colaboración entre las plataformas y las autoridades.
El decreto abre así una nueva etapa en la regulación de los entornos digitales para menores en México. Su alcance dependerá de cómo las empresas implementen los controles, de la supervisión gubernamental y de las decisiones normativas que puedan adoptarse posteriormente.
