Organizaciones indígenas y de derechos humanos acusaron un incremento de la violencia, el despojo territorial y la persecución judicial contra comunidades originarias en Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) advirtió que los hechos están relacionados con la defensa del territorio frente a proyectos de infraestructura y exigió al Estado mexicano garantizar la seguridad de los pueblos afectados.
San Cristobal de las Casas, Chiapas, 14 de julio de 2026.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron este lunes un presunto patrón de desplazamiento forzado, criminalización y despojo territorial contra comunidades indígenas de Chiapas que mantienen procesos de defensa de sus territorios y formas de organización comunitaria.
Las organizaciones presentaron la denuncia durante una conferencia de prensa en San Cristobal de las Casas, Chiapas, donde denunciaron amenazas y hostigamiento contra familias pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, donde sostuvieron que habitantes de municipios como Chilón, Ocosingo, Salto de Agua y Teopisca enfrentan amenazas, procesos penales, desalojos y actos de intimidación que, afirman, buscan debilitar la resistencia comunitaria frente a diversos proyectos de infraestructura.
De acuerdo con Frayba, las agresiones documentadas afectan el ejercicio de derechos colectivos reconocidos por la Constitución mexicana y por instrumentos internacionales, entre ellos el derecho a la libre determinación, la autonomía y la consulta previa, libre e informada.
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Frayba alerta sobre un deterioro de los derechos colectivos
Según informó La Jornada, Frayba expresó su preocupación por el incremento de la violencia contra integrantes del Congreso Nacional Indígena y advirtió que las comunidades viven un contexto de inseguridad que pone en riesgo su integridad física y su permanencia en el territorio.
El organismo señaló que las acciones denunciadas forman parte de un escenario de hostigamiento que limita el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos originarios y dificulta la defensa de sus tierras.
La organización hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de las comunidades y prevenir nuevas agresiones.
Denuncian desplazamientos y procesos penales
Durante la conferencia, representantes comunitarios expusieron distintos casos que, sostienen, ilustran el deterioro de la situación en la entidad.
De acuerdo con Diario de México, uno de los casos corresponde a la comunidad de Jotolá, en el municipio de Chilón, donde un operativo habría provocado el desplazamiento de 63 personas, entre ellas 25 niñas y niños.
Las organizaciones también denunciaron la existencia de órdenes de aprehensión y procesos judiciales contra integrantes de comunidades indígenas. Entre los casos mencionados figura el de Francisco Moreno Hernández, procesado por el delito de despojo agravado, cuya familia sostiene que la acusación está relacionada con su participación en la defensa del territorio.
Asimismo, representantes de comunidades de Ocosingo denunciaron presuntas afectaciones a comerciantes indígenas tzeltales y señalaron conflictos derivados de proyectos carreteros y otras obras públicas en distintas regiones del estado.
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La consulta previa: uno de los principales reclamos
El Congreso Nacional Indígena afirmó que varios de los proyectos impulsados en comunidades indígenas avanzan sin que exista un proceso de consulta previa, libre e informada, derecho reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según la información difundida por EFE, las organizaciones consideran que la ausencia de consultas adecuadas ha derivado en conflictos sociales y ha incrementado la presión sobre comunidades que buscan preservar sus formas tradicionales de organización y el control sobre sus territorios.
Los representantes indígenas sostuvieron que la oposición a determinados proyectos ha sido respondida con procedimientos judiciales, amenazas y desplazamientos, situación que califican como una estrategia de criminalización.
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Exigen garantías para los pueblos indígenas
Frayba pidió al Estado mexicano implementar medidas urgentes para proteger a las comunidades afectadas y garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La organización también solicitó el cese de los actos de hostigamiento contra integrantes del Congreso Nacional Indígena y reclamó investigaciones imparciales sobre los hechos denunciados.
Hasta el cierre de esta edición, las dependencias federales y el Gobierno de Chiapas no habían emitido una respuesta amplia sobre los señalamientos presentados durante la conferencia de prensa.
Las denuncias dadas a conocer este lunes se suman a una serie de alertas emitidas en los últimos años por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre la situación de diversas comunidades indígenas en Chiapas, donde persisten conflictos territoriales, desplazamientos internos y disputas relacionadas con el acceso a la tierra y la implementación de proyectos de infraestructura.
