El Departamento del Tesoro congela los activos de una red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, acusada de traficar opioides sintéticos y comercializar combustible robado en México.
Washington, D.C., 1 de mayo de 2025.— En una nueva ofensiva contra las finanzas del narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a tres ciudadanos mexicanos y dos empresas que operan en México, por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esta célula delictiva se dedicaba al tráfico de fentanilo y al robo y comercialización de combustible, una combinación que ilustra la diversificación económica de los cárteles mexicanos y sus crecientes vínculos con mercados estratégicos tanto legales como ilícitos, según información de ABC News.
Objetivo: desmantelar las finanzas del CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a César Morfín Morfín, alias “El Primito”, y a sus hermanos Álvaro Noé y Remigio Morfín Morfín como operadores regionales del CJNG con base en el estado de Tamaulipas. Según el comunicado oficial emitido por el Tesoro, estos individuos lideran una estructura criminal que distribuye fentanilo y otras sustancias sintéticas, mientras controla rutas de distribución de combustible robado en el noreste mexicano.
Además de los individuos, la sanción incluye a dos empresas mexicanas —una del sector transporte y otra del sector energético— utilizadas, según las autoridades estadounidenses, para lavar ganancias ilícitas y facilitar el movimiento de hidrocarburos robados. Las sanciones implican el congelamiento inmediato de sus activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición para ciudadanos y empresas de EE.UU. de mantener relaciones comerciales con los señalados.
Paul Anthony Perez, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, afirmó a Reuters que las sanciones “garantizarán que los cárteles ya no puedan proporcionar fondos ilimitados para impulsar sus actividades delictivas y permitirán que el gobierno estadounidense interrumpa sus actividades diarias en ambos lados de la frontera”, concluyó.
Te recomendamos: México en el top 3 mundial de criminalidad: el narco frena el crecimiento económico, alerta el Banco Mundial
La economía del crimen organizado: un sistema en expansión
La inclusión del robo de combustible en esta red sancionada confirma una tendencia observada por expertos en seguridad: la diversificación del crimen organizado mexicano hacia delitos que requieren infraestructura, control territorial y redes empresariales. El “huachicol” —como se conoce en México al robo de hidrocarburos— se ha convertido en una de las fuentes principales de ingresos de organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Según datos del gobierno mexicano, las pérdidas por este delito superaron los 15 mil millones de pesos en 2023. En estados como Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, células delictivas han tomado el control de ductos, estaciones de distribución y rutas de transporte. La sanción de las empresas asociadas al CJNG es, en este contexto, un intento de golpear la estructura económica que sostiene sus operaciones armadas y logísticas.
“El CJNG no solo es un cártel de drogas: es un holding criminal con tentáculos en minería ilegal, extorsión, comercio de combustibles y tráfico de armas. No entender esto es subestimar su capacidad real”, explicó el analista de seguridad Alejandro Hope en un artículo publicado antes de su fallecimiento, y cuyas palabras siguen siendo citadas por expertos en seguridad hemisférica.
Lee también: México bajo la lupa de EE UU por piratería y falta de protección de patentes
Una señal a México y al resto del continente
Estas sanciones se enmarcan en la política de “máxima presión” contra los cárteles que el presidente Donald Trump ha reactivado desde su regreso a la Casa Blanca en 2025. Bajo su administración anterior, Estados Unidos ya había declarado al CJNG como una “organización criminal trasnacional prioritaria” e incluso planteó su inclusión en listas de grupos terroristas. Ahora, la estrategia se centra en aislar económicamente a sus operadores más relevantes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha evitado confrontar públicamente a Washington por estas acciones, pero su gobierno ha intensificado la vigilancia sobre ductos de Pemex y el transporte privado de hidrocarburos. No obstante, críticos de su administración, como el senador Emilio Álvarez Icaza, han advertido que sin una reforma profunda en las fuerzas de seguridad locales y una estrategia anticorrupción efectiva, “la guerra contra el huachicol será solo una simulación”.
Por su parte, activistas han señalado la necesidad de que las acciones contra los cárteles no afecten a las comunidades que viven de manera indirecta de las economías informales ligadas al combustible robado. “En zonas donde no hay empleo, el crimen recluta con dinero y gasolina”, denunció un informe reciente del International Crisis Group.
Puede interesarte: Estados Unidos pone en la mira a cantantes de narcocorridos: podrían perder sus visas por apología del crimen
El fentanilo como arma silenciosa
Mientras tanto, el tráfico de fentanilo sigue siendo el foco principal de la política antidrogas de EE.UU. Más de 70 mil muertes por sobredosis fueron registradas en ese país en 2024 vinculadas a opioides sintéticos, de acuerdo a AP News, una cifra que ha llevado a las autoridades a declarar una emergencia sanitaria nacional.
El CJNG figura entre los principales proveedores de fentanilo al mercado estadounidense. Según reportes del Departamento de Justicia, este cártel importa precursores desde China e India, los procesa en laboratorios clandestinos ubicados en estados como Michoacán y Jalisco, y los distribuye a través de rutas marítimas, terrestres y por medio de mensajería comercial.
La cooperación entre Estados Unidos y México es fundamental en esta lucha. Sheinbaum, ha expresado su compromiso para rastrear y controlar el transporte de combustible, con el objetivo de combatir el robo y fortalecer la seguridad energética del país.
Con estas acciones, Estados Unidos busca no solo sancionar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro sobre su determinación para enfrentar el narcotráfico y sus diversas manifestaciones, incluyendo el robo de recursos estratégicos como el combustible.
No dejes de leer: Decomiso récord de diésel en Tamaulipas, podría revelar red de corrupción en PEMEX
Imagen de la trágica explosión del oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. Crédito: AFP
